Con motivo del aniversario de la usurpación de los municipios del HDP, la Rama Amed de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) emitió un comunicado.

La declaración incluyó las siguientes evaluaciones:

“Se ha descartado de facto el derecho a votar y ser elegido, y se ha establecido un clima de miedo en la sociedad a través de políticas de seguridad que no son distintas a las de los años 90, concurrentemente y siguiendo el estado de un procedimiento de emergencia. Las implementaciones para eliminar el derecho a votar y ser elegido comenzaron en 2016 con el nombramiento de fideicomisarios en 95 municipios en poder del DBP.

A pesar de haber sido elegidos en las elecciones municipales del 31 de marzo de 2019, seis co-alcaldes y co-alcaldesas no obtuvieron sus mandatos por haber sido destituidos previamente por Decreto-Ley. Una vez más, a 55 funcionarios electos, 51 de los cuales eran miembros del Consejo Municipal y 4 miembros de la Asamblea General Provincial, se les negó sus mandatos por el mismo motivo.

'La política de usurpación se ha movido a la etapa superior'

Por otra parte, los co-alcaldes y las co-alcaldesas de 49 municipios, entre ellos tres ciudades metropolitanas, cinco provincias, 33 distritos y ocho localidades, que habían sido elegidos y elegidas por votación popular y recibieron sus mandatos, fueron destituidos por diversos cargos y se designaron patronos en Su lugar. En este proceso fueron encarcelados un total de 31 co-alcaldes, de los cuales 24 habían sido elegidos oficialmente. Además, 86 concejales locales fueron destituidos. Otro tema a destacar es que las mujeres elegidas por voto popular fueron objeto de diversas acusaciones, como el sistema de copresidencia, fueron depuestos y nombrados fideicomisarios en su lugar".

El IHD también llamó la atención sobre el hecho de que la usurpación de fideicomisarios había progresado al siguiente nivel, alcanzando un clímax con la apertura del caso de cierre contra el HDP.