El gobierno de España ha respondido por escrito a una pregunta realizada por los senadores Gorka Elejabarrieta Diaz (EH Bildu) y Jordi Martí Deulofeu (Esquerra Republicana) sobre la pena de muerte dictada contra Abdurrahman Er y Mazlum Dağ.

En su respuesta, el gobierno dice: “España sigue de cerca la situación de los Derechos Humanos en Irak, tanto en sus relaciones bilaterales como en el marco de la Unión Europea y los foros multilaterales, principalmente a través de los diferentes mecanismos de vigilancia y protección de los mismos, en coherencia con nuestros compromisos internacionales y el carácter prioritario de los Derechos Humanos en nuestra política exterior”.

El gobierno de España reitera que “el uso de la pena de muerte en Irak es especialmente preocupante para el Gobierno. España mantiene una posición firme contra la pena de muerte y la rechaza en todos los casos y circunstancias, con independencia del crimen cometido, considerándola cruel e inhumana y un castigo degradante, contrario a la dignidad de los seres humanos, con efectos irreparables en caso de error judicial y que carece de efectos disuasorios sobre el comportamiento criminal”.

El ejecutivo español añade que “la lucha contra la pena de muerte es una de las prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos” y reitera su llamamiento a “una moratoria, como paso intermedio para lograr la abolición que constituye el objetivo final”.

El gobierno español también dice que “en línea con estos objetivos, España ha tenido la oportunidad de transmitir a las autoridades iraquíes su preocupación por el uso de la pena de muerte. En el marco del último Examen Periódico Universal (EPU) de Irak, en noviembre de 2019, y en consonancia con la recomendación ya formulada en el anterior EPU de Iraq, en 2014, España recomendó la adopción de reformas legislativas destinadas a restringir la aplicación de la pena de muerte a los delitos más graves”.

Finalmente, el gobierno dice que “España coordina su acción con la Unión Europea y el resto de estados miembros en la vigilancia y oposición al uso de la pena de muerte en Irak, entre otros, en el marco de mecanismos como el Subcomité de Derechos Humanos y Democracia UE-Irak, cuya última reunión tuvo lugar el 8 de septiembre.

Además, de conformidad con las Directrices de la Unión Europea sobre la pena de muerte, la Unión Europea vigila estrechamente el uso de la pena de muerte en Irak y lleva a cabo, cuando procede, acciones en nombre de todos los estados miembros. En este contexto, cabe mencionar también la declaración del 19 de noviembre del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la que se condenan las 21 ejecuciones que tuvieron lugar unos días antes en la prisión de Al Hoot”.

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