Ocho embajadores europeos de derechos humanos han lanzado una declaración conjunta pidiendo a Turquía la liberación inmediata de Osman Kavala, antes de la audiencia del reconocido activista prevista para el 5 de febrero.

“La detención de Osman Kavala plantea serias dudas sobre el estado de derecho en Turquía. Su detención preventiva continuada, alargada durante más de tres años, es una clara violación de los derechos humanos”, dice la declaración, que la comisaria alemana de Derechos Humanos, Barbel Kofler, compartió en su cuenta de Twitter.

“La detención continuada de Osman Kavala se sustenta en motivaciones políticas y va contra los dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”, dijo Kofler en su publicación de Twitter.

Los embajadores expresan una “gran preocupación” por la evolución negativa del estado de derecho, los derechos humanos y el poder judicial en Turquía.

“Antes de su audiencia del 5 de febrero, los embajadores europeos de derechos humanos pedimos a Turquía que garantice la inmediata liberación de Osman Kavala y un desarrollo justo y transparente de su juicio, de acuerdo con las obligaciones internacionales”, dice la carta.

Nueve estados miembros de la Unión Europea (UE) tienen hoy embajadores de derechos humanos. Entre ellos están Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Países Bajos y Suecia. El embajador francés de derechos humanos no se encuentra entre los ocho embajadores que se han sumado a la declaración sobre Kavala.

Kavala fue detenido por primera vez en octubre de 2017, y enviado a prisión preventiva el 1 de noviembre de 2017. En febrero de 2020, fue absuelto de todos los cargos en el 'juicio Gezi'. En octubre de 2020, sin embargo, un tribunal de Estambul aceptó una nueva acusación de intento de derrocar el orden constitucional y de espionaje en su contra.

En 2019, el TEDH dictaminó que la detención continuada de Kavala tenía “un propósito ulterior, a saber, mantenerlo en silencio como activista de una ONG y defensor de los derechos humanos, disuadir a otras personas de realizar tales actividades y paralizar la sociedad civil en el país”, y que violaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sentencia que fue confirmada en mayo de 2020.

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