"Es vergonzosa la postal en la frontera turco-griega"
Las asociaciones de abogados de Turquía han expresado demandas concretas sobre lo que debe hacerse en vista de la desastrosa situación de los refugiados en la frontera turco-griega.
Las asociaciones de abogados de Turquía han expresado demandas concretas sobre lo que debe hacerse en vista de la desastrosa situación de los refugiados en la frontera turco-griega.
En la frontera turco-griega, los refugiados continúan permaneciendo en la zona de amortiguamiento entre ambos países. Ayer, las fuerzas de seguridad turcas impidieron que un grupo de abogados, incluidos los presidentes de las asociaciones de abogados de Estambul, Antalya, Tekirdağ y Kırklareli, inspeccionaran la situación en el terreno.
Las asociaciones de abogados de Turquía emitieron hoy una declaración por escrito sobre la situación y destacaron sus demandas sobre el tema. En la declaración conjunta del Grupo de Abogados Contemporáneos, la Asociación de Abogados Contemporáneos, Abogados para la Democracia, la Asociación de Abogados por la Libertad y la Fundación para Estudios Sociales y Jurídicos (TOHAV), indicaron que la Unión Europea, Grecia y Turquía son responsables de la "postal de la vergüenza" creada por los retornos forzados a Turquía.
¿Qué hay que hacer?
La declaración indicó que los refugiados quedaron a su suerte y detallaron un listado de medidas recomendadas por parte de las asociaciones legales:
Turquía, Grecia y la UE deben respetar el derecho a la vida, los derechos humanos y las libertades de los refugiados. Deben asumir la responsabilidad, e identificar y castigar a los responsables de las violaciones que han tenido lugar en la frontera, y garantizar que no se cometan más violaciones a la ley.
Turquía debe levantar la reserva geográfica que hace en la Convención de Ginebra y proporcionar seguridad al reconocer el estatus de refugiado a estas personas.
El acuerdo de repatriación celebrado entre la UE y Turquía debe derogarse y deben aceptarse las solicitudes de asilo de los refugiados que han cruzado la frontera.
Las personas y su derecho a la vida no deben ser mal utilizados para fines políticos. Los Estados deben cumplir su obligación de respetar un orden humano, garantizar los derechos y libertades fundamentales y ponerlos en práctica.