La autopsia preliminar de Garibe Gezer, quien murió sospechosamente en una celda de aislamiento en la Prisión Tipo F de Kandıra No. 1, se llevó a cabo sin abogados. Además, el botón de emergencia de su celda no funcionó.

En una entrevista con ANF, el miembro de la junta de la Fundación Turca de Derechos Humanos (TİHV) y especialista en medicina forense, el Prof. Dr. Ümit Biçer, explicó el procedimiento normal que se debe realizar durante las autopsias. Biçer enfatizó que de acuerdo con el Protocolo de Minnesota, la persona o personas que deben participar en una autopsia deben ser expertos forenses en lugar de abogados.

"odos los datos deben ser evaluados juntos"

Biçer sostuvo que es correcto que los abogados asistan a las autopsias para eliminar dudas, pero es importante contar con especialistas en medicina forense que sean recomendados por las partes y en cuya independencia se confíe.

“Creo que sería correcto que los abogados asistieran a una autopsia, pero sería más apropiado tenerlos junto con un experto que conozca los procedimientos allí. No está bien hacer evaluaciones apresuradas durante una autopsia. Para llegar a una conclusión, es necesario considerar los procedimientos, métodos de examen, muestras, fotografías y evaluaciones relevantes en su conjunto. Es mejor hacer todo esto y luego expresar una opinión sobre el tema. Actualmente, no hay suficiente información para comentar sobre la sospechosa muerte de Garibe Gezer. Cuando los resultados de estas evaluaciones se compartan plenamente, será posible decir realmente si su muerte fue un suicidio o algo más”, explicó Biçer.

"Un caso de protocolo de Minnesota: Engin Ceber"

Biçer reveló que el Protocolo de Minnesota rara vez se implementa en Turquía y agregó que el primer caso que sigue el mismo está relacionado con Engin Ceber, quien fue torturado hasta la muerte por los guardias en la prisión de Metris. Biçer comentó que el experto forense independiente Nadir Arıcan participó en una autopsia por primera vez en el caso de Ceber por sugerencia de los abogados. Biçer señaló que en otros casos algunos especialistas asisten a las autopsias, pero en la práctica esto ocurre en circunstancias excepcionales.

Además, sostuvo que era inaceptable haber puesto a Gezer, quien había denunciado que fue torturada y agredida sexualmente por los guardias, en una celda de aislamiento a pesar de haber intentado suicidarse antes.

Biçer recordó que las cárceles tienen efectos negativos sobre la salud mental de las personas: “Los estudios científicos muestran que aumentan los problemas mentales y el riesgo de suicidio. Y cuando la detención o el confinamiento en solitario exceden un cierto período de tiempo, cuando a las personas se les permite conocer a menos personas o no pueden participar en actividades sociales, los problemas empeoran. Por tanto, es necesario considerar todo tipo de situaciones que perjudican la salud humana, en particular aquellas que pueden conducir a la muerte o consecuencias más graves, como tortura y malos tratos. Aumentar el período de aislamiento de los internos, no tomar las precauciones necesarias para una persona que ya ha intentado suicidarse es tortura y malos tratos”.

"¡La administración de la prisión es responsable!"

Biçer indicó que la administración de la prisión es responsable de lo que le sucedió a Gezer. Recordó que el estado es responsable de proteger los derechos de las personas que han sido privadas de su libertad, especialmente su derecho a la vida, contra la tortura y los malos tratos.

Para Biçer, la salud de las y los presos es responsabilidad del Estado. Por tanto, los funcionarios estatales y las administraciones penitenciarias son responsables del deterioro de su salud. “Sobre todo si hablamos de una persona que ha intentado suicidarse antes y ha denunciado la violencia que ha vivido; es inaceptable mantenerla en condiciones en las que pueda hacerse daño a sí misma", aseguró.

"Se deben adoptar las normas de la ONU"

Biçer afirmó que se deben aplicar estándares internacionales sobre los derechos de las y los presos y las condiciones en las que se encuentran reconocidos por las últimas normativas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para evitar que vuelvan a ocurrir los mismos problemas. Aí, indicó que la privación de libertad ya es una forma de castigo muy severa. “Las administraciones penitenciarias no pueden, de ninguna manera, participar en ninguna otra acción que dañe la salud física y mental de un preso. Las administraciones penitenciarias no pueden permitir que ocurran tales violaciones. Equivalen a tortura. Todos los estudios sobre el aislamiento revelan que esta práctica tiene un efecto perjudicial sobre la salud mental de las personas. Como médicos y defensores de los derechos humanos, no podemos aceptar que una persona esté expuesta a situaciones que conducen al deterioro de la salud y desencadenan conductas que pueden conducir a la muerte. No podemos quedarnos callados cuando tales prácticas se generalizan por diferentes motivos. Los médicos no pueden aprobar el confinamiento solitario bajo el nombre de aislamiento. No pueden dar su consentimiento para el confinamiento de una persona en tal condición. Las prácticas de aislamiento son una tortura y no deben aplicarse a ningún ser humano de ninguna manera”, concluyó.