La prisión tipo F de Bolu, frecuentemente en el punto de mira por sus violaciones de los derechos de los presos, ha vuelto a ser objeto de escrutinio tras revelarse que el derecho a la comunicación del preso político Ihsan Balkaş fue restringido arbitrariamente. La administración penitenciaria no envió cartas escritas por Balkaş en su lengua materna, el kurdo, alegando que no las entendía. Además, le exigió que pagara la traducción de las cartas.

Pago por la traducción de las cartas escritas

Berivan Barın, abogada de la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD), quien se reunió con Ihsan Balkaş, declaró que esta situación constituye una violación del derecho a la comunicación y del principio de igualdad, y enfatizó que se ha convertido en un mecanismo de censura.

Barın enfatizó que esta práctica es una violación de derechos, afirmando:

“Esto imposibilita, en la práctica, que los presos se comuniquen en kurdo. A los reclusos que no pueden afrontar el costo, se les priva por completo de su derecho a la comunicación”.

Añadió que la autoridad del Estado para supervisar la comunicación se ha convertido en un mecanismo de censura.

El Tribunal desestimó las objeciones por considerarlas “discreción administrativa”

Barın afirmó que impedir que un preso escriba en su lengua materna constituye un trato degradante que atenta contra su identidad y dignidad, y enfatizó que no solo debe protegerse el derecho a la comunicación, sino la dignidad humana misma.

Y continuó:

“El derecho a la comunicación no es un privilegio; es un derecho fundamental. La imposición por parte de la administración de un ‘requisito de traductor’ para faxes o cartas en kurdo constituye una violación del derecho a la privacidad y la confidencialidad de la comunicación, garantizados por el artículo 20 de la Constitución. Esta práctica se ha convertido en parte de un sistema de discriminación sistemática contra los presos y las presas kurdos, impulsado por motivos políticos”.

Balkaş, cuyas cartas no fueron entregadas, apeló por las violaciones de derechos. Sin embargo, el Tribunal Penal Superior de Bolu, tras revisar las objeciones, rechazó todas las solicitudes relacionadas con las violaciones, considerando que las prácticas arbitrarias eran discrecionales de la administración.

Tras esta decisión, los abogados declararon que se presentó una solicitud individual ante el Tribunal Constitucional.