Las decisiones judiciales con motivaciones políticas y los indicios de luchas de poder en el sistema de justicia tras la reelección del presidente Recep Tayyip Erdoğan amenazan con acabar con el marco del Estado de derecho en Turquía durante 2023, señaló ayer viernes Human Rights Watch en su Informe Mundial 2024. En el año del centenario de Turquía, sus medios de comunicación fueron objeto de censura y los medios de comunicación independientes se enfrentan a multas arbitrarias y enjuiciamiento.

Erdogan obtuvo un tercer mandato como presidente en las elecciones del 28 de mayo, tras la victoria el 14 de mayo de su coalición liderada por el Partido de la Justicia y el Desarrollo en las elecciones parlamentarias.

"La victoria de Erdoğan en las urnas fue seguida rápidamente por luchas de poder en el poder judicial y decisiones politizadas de los tribunales, lo que demuestra la profunda erosión de los derechos humanos y el Estado de derecho en el país", señaló Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. "El historial de derechos humanos de Turquía en el año de su centenario incluía unos medios de comunicación amordazados y unos opositores políticos rutinariamente perseguidos y castigados".

En su 34ª edición, el Informe Mundial 2024, de 740 páginas, Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En su ensayo introductorio, Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch, afirma que 2023 ha sido un año importante no solo por la supresión de los derechos humanos y las atrocidades cometidas en tiempos de guerra, sino también por la indignación selectiva de los gobiernos y la diplomacia transaccional, que ha tenido un profundo coste para los derechos de quienes no participaban en sus tratos. Sin embargo, afirma que también hubo signos de esperanza, que muestran la posibilidad de un camino diferente, y pide a los gobiernos que cumplan sistemáticamente sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En septiembre, el Tribunal de Casación de Turquía redobló su desafío al Tribunal Europeo de Derechos Humanos al confirmar las condenas infundadas contra el defensor de los derechos humanos Osman Kavala y otras cuatro personas por su presunta participación en las protestas de 2013 contra los planes de urbanización del parque Gezi en Estambul. El Tribunal de Casación desacató una orden del Tribunal Constitucional al bloquear la excarcelación de un acusado del juicio de Gezi, Can Atalay, para ocupar el escaño parlamentario que obtuvo en las elecciones de mayo.

Otras acciones preocupantes durante 2023 han sido las restricciones a los medios de comunicación, la censura en línea, la prohibición de protestar y el abuso de procedimientos penales contra periodistas, defensores de los derechos humanos, políticos y usuarios de redes sociales, entre otros. Además, los incidentes de tortura y malos tratos por parte de la policía y la gendarmería aumentaron tras los mortíferos terremotos del 6 de febrero de 2023 en las provincias del sureste del país. Por si fuera poco, el gobierno utilizó una retórica de odio contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en el periodo previo a las elecciones de mayo, y prolongó la detención de políticos kurdos por cargos de motivación política, además de aumentar las deportaciones de refugiados y migrantes.