Tres miembros de una facción armada perteneciente al Ejército Nacional Sirio (SNA, por sus siglas en inglés), respaldado por Turquía, abrieron fuego contra una familia kurda en la localidad de Jindires, en el norte de Siria, el 20 de marzo de 2023 mientras celebraban Newroz, el Año Nuevo kurdo. Tres hermanos y el hijo de uno de ellos murieron por los disparos, mientras que otro familiar se encuentra en estado grave y otros dos resultaron heridos leves, informó Human Rights Watch (HRW).

"Estos asesinatos se producen después de más de cinco años de abusos contra los derechos humanos no abordados a manos de las fuerzas turcas y las facciones locales sirias a las que dan poder", dijo Adam Coogle, director adjunto para Oriente Medio de HRW. "Turquía ha permitido que estos combatientes abusen impunemente de las personas que viven en las zonas bajo su control, arriesgándose a hacerse cómplice de las violaciones."

HRW habló con uno de los hermanos supervivientes de los hermanos asesinados, dos testigos del crimen, un vecino y un trabajador humanitario local en la ciudad de Afrin. También revisó fotos de los cadáveres y vídeos tomados tras el tiroteo mortal. Las cuatro víctimas son los hermanos Farhan Din Othman, de 43 años, Ismail Othman, de 38 años, y Mohamed Othman, de 42 años, y el hijo de Ismail, Mohamed, de 18 años. Testigos y un trabajador humanitario con conocimiento directo del incidente confirmaron que los combatientes formaban parte de la facción Jaysh Al-Sharqiyah del SNA.

"Como potencia ocupante y como respaldo de las facciones locales que operan en las zonas bajo su control en el norte de Siria, Turquía está obligada a investigar estos asesinatos y a garantizar que los responsables rinden cuentas. Turquía también debe cortar todo apoyo a las facciones del SNA implicadas en abusos recurrentes o sistémicos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario", declaró HRW.

HRW señaló que las Fuerzas Armadas turcas y el NSA respaldado por Turquía, una coalición informal de grupos armados de la oposición, invadieron y tomaron el control de Afrin, un distrito de Alepo anteriormente de mayoría kurda, en 2018, lo que provocó la muerte de decenas de civiles y el desplazamiento de decenas de miles, según las Naciones Unidas. Desde entonces, más de 40 facciones del SNA han asumido el control de aldeas, pueblos o incluso barrios individuales en el distrito de Afrin. Jaysh Al-Sharqiyah controla ciertos subdistritos de Jindires, incluido el barrio conocido como la zona industrial, donde tuvo lugar el crimen.

Las incursiones militares turcas en el norte de Siria desde 2016 han estado plagadas de graves abusos contra los derechos humanos. Pese a las afirmaciones del Gobierno Provisional Sirio afiliado al SNA de que están tomando medidas para que los autores de violaciones de derechos rindan cuentas, las facciones del SNA respaldadas por Turquía siguen cometiendo graves abusos, como ejecuciones extrajudiciales, saqueos y confiscaciones ilegales de propiedades y desapariciones forzadas. A pesar de ejercer control militar sobre las facciones locales, Turquía ha hecho poco por impedir los abusos o mejorar el comportamiento de estas facciones.

"Turquía y el ENS respaldado por Turquía en Afrin han fracasado sistemáticamente en la protección de los civiles en el norte de Siria", dijo Coogle. "Garantizar que estos asesinos rindan cuentas de manera justa y transparente sería un paso en la dirección correcta".