Las autoridades turcas arrestaron, detuvieron y deportaron arbitrariamente a cientos de hombres y niños refugiados sirios a Siria entre febrero y julio de 2022, señaló hoy Human Rights Watch.

Las personas sirias deportadas indicaron a Human Rights Watch que funcionarios turcos los arrestaron en sus hogares, lugares de trabajo y en la calle, los detuvieron en malas condiciones, golpearon y abusaron de la mayoría de ellos, los obligaron a firmar formularios de retorno voluntario, los llevaron a cruces fronterizos con el norte de Siria y los obligaron a cruzar a punta de pistola.

“En violación del derecho internacional, las autoridades turcas han detenido a cientos de refugiados sirios, incluso niños no acompañados, y los han obligado a regresar al norte de Siria”, informó Nadia Hardman, investigadora de derechos de refugiados y migrantes de Human Rights Watch. “Aunque Turquía brindó protección temporal a 3,6 millones de refugiados sirios, ahora parece que Turquía está tratando de convertir el norte de Siria en un vertedero de refugiados”, agregó.

Señales recientes de Turquía y otros gobiernos indican que están considerando normalizar las relaciones con el presidente sirio Bashar al-Assad. En mayo de 2022, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan anunció que tiene la intención de reasentar a un millón de refugiados en el norte de Siria, en áreas no controladas por el gobierno, a pesar de que Siria sigue siendo insegura para las y los refugiados que regresan. Muchos de los que regresan provienen de áreas controladas por el gobierno, pero incluso si pudieran llegar a ellas, el gobierno sirio es el mismo que produjo más de seis millones de refugiados y cometió graves violaciones de derechos humanos contra sus propios ciudadanos incluso antes de que comenzaran los levantamientos.

Las deportaciones brindan un marcado contrapunto al historial de generosidad de Turquía como anfitrión de más refugiados que cualquier otro país del mundo y casi cuatro veces más que toda la Unión Europea (UE), para la cual la UE ha proporcionado miles de millones de euros en fondos para apoyo humanitario y gestión de la migración.

"Turquía está obligada por los tratados y el derecho internacional consuetudinario a respetar el principio de no devolución, que prohíbe la deportación de cualquier persona a un lugar donde correría un riesgo real de persecución, tortura u otros malos tratos, o una amenaza para la vida. Turquía no debe coaccionar a las personas para que regresen a lugares donde se enfrentan a daños graves. Debe proteger los derechos básicos de todos los sirios, independientemente de dónde estén registrados, y no debe deportar a los refugiados que viven y trabajan en una ciudad que no sea la de su protección temporal. La identificación y la dirección están registradas", detalló.

“La UE y sus estados miembros deberían reconocer que Turquía no cumple con sus criterios para un tercer país seguro y suspender su financiación de la detención migratoria y los controles fronterizos hasta que cesen las deportaciones forzadas”, advirtió Hardman y agregó: “Declarar a Turquía un 'tercer país seguro' es inconsistente con la escala de deportaciones de refugiados sirios al norte de Siria. Los estados miembros no deben tomar esta determinación y deben centrarse en reubicar a los solicitantes de asilo aumentando el número de reasentamientos”.