A falta de pruebas creíbles de irregularidades, Turquía debe poner en libertad a decenas de periodistas kurdos, políticos y abogados detenidos en redadas policiales el 25 de abril de 2023, tres semanas antes de las elecciones nacionales del 14 de mayo, han manifestado hoy 18 organizaciones, entre ellas Human Rights Watch.

Esta es la declaración conjunta:

Organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y libertad de expresión pedimos a las autoridades turcas que pongan fin al acoso y la intimidación sistemáticos de los periodistas kurdos, los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, los medios de comunicación, los abogados y abogadas que los defienden, los políticos y políticas, y activistas, que les den acceso a asistencia letrada, que revelen todos los detalles de los cargos presentados y que garanticen su puesta en libertad. Reiteramos la necesidad de un ambiente mediático libre y pluralista en vísperas de las elecciones que se celebrarán el 14 de mayo de 2023 en Turquía.

El 25 de abril se llevaron a cabo en Turquía redadas coordinadas al amanecer contra domicilios y oficinas de 128 personas, entre ellas periodistas, abogados y abogadas, defensores de los derechos, activistas políticos y políticas y artistas, en un total de 20 provincias, sobre la base de cargos poco claros. La agencia estatal Anadolu informó de que la operación de Diyarbakır estaba relacionada con investigaciones antiterroristas dirigidas por la Fiscalía General de Diyarbakır. También se informó de que se habían emitido órdenes de detención contra 216 personas en total.

Entre los detenidos hasta ahora hay 10 periodistas y un abogado que representa a periodistas detenidos. Durante las redadas, la policía confiscó también equipos técnicos, ordenadores, libros y documentos, tanto de periodistas como de abogados.

Entre los periodistas detenidos hasta ahora figuran Abdurrahman Gök, redactor jefe de la Agencia Mezopotamya (MA); Ahmet Kanbal y Mehmet Şah Oruç, reporteros de MA; Osman Akın, redactor jefe del diario Yeni Yaşam; Kadri Esen, becario del semanario kurdo; Beritan Canözer, reportera de JinNews; y los periodistas Mehmet Yalçın, Mıkail Barut, Salih Keleş y Remzi Akkaya.

El abogado Resul Temur, que representó a periodistas encarcelados en Diyarbakır y Ankara tras redadas similares en junio y octubre de 2022, respectivamente, también fue detenido en las redadas.

El Colegio de Abogados de Diyarbakır anunció que aún se desconocen los cargos que se imputan a los detenidos detenidas debido a una orden de confidencialidad que ampara la investigación y a una restricción de 24 horas del acceso a los letrados para los detenidos.

Las redadas han tenido lugar en vísperas de las elecciones parlamentarias y presidenciales, que se celebrarán en Turquía el 14 de mayo de 2023, y representan un paso más en el acoso e intimidación sistemáticos de los medios de comunicación kurdos y de la oposición política en el país.

Anteriormente, en junio de 2022, una redada similar se saldó con la detención inicial de 20 periodistas en Diyarbakır, de los cuales 16 fueron puestos en prisión preventiva acusados de terrorismo a la espera de un juicio que comienza el 11 de julio de 2023. En octubre de 2022, otros 11 periodistas kurdos fueron detenidos por cargos de terrorismo en las provincias de Ankara, Estambul, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin y Mardin en redadas domiciliarias simultáneas en el marco de una investigación antiterrorista dirigida por la Fiscalía General de Ankara. Su juicio comienza el 16 de mayo de 2023.

Turquía tiene un largo historial de acusaciones penales, incluso por delitos de terrorismo, contra periodistas independientes únicamente por su labor periodística. La base de datos Mapping Media Freedom registra 27 alertas que afectan a 91 periodistas, trabajadores de medios de comunicación o medios kurdos en los últimos 12 meses. Las alertas consisten principalmente en incidentes legales que suelen desembocar en arrestos, detenciones, encarcelamientos, procesamientos y condenas.

Pedimos a las autoridades que den inmediatamente a los periodistas, abogados y abogadas, y activistas políticos y políticas detenidos acceso a asistencia letrada y que revelen todos los detalles de los cargos presentados. En ausencia de cualquier prueba creíble de delito, deben ser puestos inmediatamente en libertad".

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