La Comisión de Prisiones de la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD) en Izmir anunció ayer un informe sobre las violaciones de derechos en las prisiones de la región del Egeo. El informe se elaboró tras entrevistar a presos políticos de 17 cárceles de Izmir, Denizli, Muğla y Balıkesir.

El co-presidente de la sección de Izmir de la ÖHD, Özcan Sarıoğlu, y otros miembros asistieron a la rueda de prensa en la que se presentó el informe en detalle.

La co-portavoz de la Comisión de Prisiones, Eylem Zengin, denunció leyendo el informe que no se toman medidas para los presos y las presas enfermos. Señalando que las condiciones de examen y tratamiento pertinentes son impedidas por las administraciones penitenciaria, Zengin informó de que se realizaron exámenes inadecuados en los hospitales a los que fueron remitidos los presos y las presas y que se les impusieron esposados.

Eylem Zengin declaró además han aumentado las violaciones de los derechos a los que son sometidos los presos y las presas. También afirmó que son enviados a regiones alejadas de sus familias, que tienen que recorrer largas distancias para ver a sus seres queridos, lo que de facto impide muchas de las visitas a las que tienen derecho.

El informe también llama la atención sobre el hecho de que las administraciones penitenciarias toman decisiones arbitrarias sustituyéndose a sí mismas por el poder judicial. En concreto, en el informe se tratan cuestiones como el desconocimiento del destino de las peticiones de los presos y las presas, y la prórroga arbitraria de las fechas de libertad condicional. En el informe se afirma que «en los últimos meses, estas decisiones arbitrarias han impedido la puesta en libertad de presos y presas cuyas fechas de libertad condicional se habían cumplido, pero para los que se han tomado decisiones por “no tener buena conducta”. Es evidente que las administraciones penitenciarias han empezado a abusar de los poderes que les confiere el nuevo reglamento».

También mencionó siguiendo el informe las severas condiciones de aislamiento impuestas a los reclusos de la prisión de alta seguridad de tipo F de İmralı, donde se encuentra encarcelado el líder popular kurdo Abdullah Öcalan desde 1999 en condiciones de aislamiento agravado al margen de toda legalidad, y pidió el establecimiento de mecanismos de supervisión nacionales e internacionales. También hizo hincapié en que comités sanitarios independientes deberían entrar en las prisiones y realizar exámenes.

En conclusión, el informe de la ÖHD hace un llamamiento al Ministerio de Justicia turco, al Ministerio del Interior turco, al Ministerio de Sanidad turco, a la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Derechos Humanos y a otras instituciones y organizaciones pertinentes para que pongan fin a las violaciones de derechos en las cárceles turcas.

En Turquía, tras las detenciones, se presiona a los presos y presas políticos para que hagan confesiones de remordimiento una vez cumplidas sus condenas regulares de prisión. Quienes se niegan, son mantenidos en la cárcel. Esto se traduce en que el Estado turco impide la puesta en libertad de numerosos presos y presas una vez transcurrido el tiempo estipulado por la ley por el hecho de que se niegan a reconocer la criminalización que genera el propio Estado turco contra las diferentes formas de libertad de expresión y pensamiento, a las que tilda de "terroristas". Son numerosos los intentos del Estado turco de mantener por distintos medios a la oposición política en prisión, al margen de cualquier legalidad y humanidad.

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