La Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TİHV/HRFT) ha publicado la última edición de su informe periódico que monitorea la situación de más de 1.000 académicos despedidos.

Las y los académicos fueron destituídos de sus cargos por haber firmado una declaración titulada "No seremos parte en su crimen", que criticaba al gobierno por el conflicto de 2015-2016 en las regiones predominantemente de población kurda del país.

Aunque la Corte Constitucional determinó que sus juicios por "propaganda terrorista" violaron sus derechos, las y los académicos no han sido reincorporados.

Según la edición de noviembre de "Académicos para la paz: situación actual", uno de cada siete académicos no tiene un trabajo que genere ingresos y el 39 por ciento no tiene un trabajo de tiempo completo.

Más del 58 por ciento de los académicos afectados tiene ingresos inferiores al promedio de los académicos del país, el 14,2 por ciento de ellos tiene sueldos inferiores al salario mínimo y el 6,6 por ciento no tiene ingresos.

La mitad de los participantes en la encuesta de TİHV dijeron que necesitaban ayuda financiera. Mientras que el 39,6 por ciento de los académicos tiene seguridad social, la proporción de académicos que no la tiene es del 36,8 por ciento.

Uno de cada 10 académicos no tiene seguro médico y el 6.6 por ciento paga sus propias cuotas del mismo. Entre los que participaron en la encuesta, el 23,6 por ciento eran académicos jubilados.

La mitad de los académicos afirmó que su trabajo académico se volvió "fragmentado e irregular". El sesenta por ciento dijo que perdió la motivación para hacer el trabajo académico y una cuarta parte de ellos informó que no podía acceder a la biblioteca y los recursos de datos.

"El castigo de facto continúa"

El TİHV señaló que había completado el informe antes de que la Comisión del Estado de Emergencia se negara a reintegrar a docenas de académicos a principios de mes.

"Con base en los resultados de la encuesta, se puede decir, aunque con cautela, que los académicos están en una mejor posición en términos de trabajo, estudio e ingresos en comparación con hace dos años", indicó la fundación.

Sin embargo, señaló un continuó efecto negativo tras ser despedido en el ejercicio de la profesión, así como el sentimiento de incertidumbre.

El rechazo de la Comisión a reintegrar a los académicos y continuar con el castigo de facto a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional es un delito e "inaceptable", señaló la fundación.