El viernes comenzó en Estambul un juicio contra clérigos kurdos que parece más una construcción orwelliana que un caso judicial. Al igual que los juicios del KCK contra la sociedad civil kurda iniciados en 2009, el objetivo es obviamente crear una construcción mediante la cual los enemigos políticos deben ser retirados de la circulación. Esta vez el objetivo es Ekrem Imamoğlu, jefe del Ayuntamiento de Estambul. El político del CHP había arrebatado la alcaldía más importante de Turquía al AKP del presidente Recep Tayyip Erdoğan en 2019. El presupuesto multimillonario de la metrópoli de 16 millones de habitantes, desde la que el AKP había mantenido su red clientelar, influye en el equilibrio de poder en todo el país. El gobierno reaccionó en consecuencia a la pérdida y desde entonces ha aprovechado todas las oportunidades para frustrar a Imamoğlu y amontonar problemas en su ayuntamiento.

Sospecha de terrorismo contra el municipio

En noviembre, el municipio de Estambul fue privado inicialmente del control de las Islas de los Príncipes en el Mar de Mármara mediante un decreto presidencial, en favor del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo. A principios de diciembre, el presidente turco anunció entonces que Estambul tendría que volver a encontrar "su gobernante" en las próximas elecciones, y que éste sería el AKP. Inmediatamente, el ministro del Interior, Süleyman Soylu, anunció una investigación por sospecha de terrorismo contra el Ayuntamiento de Estambul. Más de 550 de los aproximadamente 33.000 nuevos empleados contratados en el mandato de Imamoğlu fueron objeto de denuncias por presuntos vínculos con "organizaciones terroristas", sólo 455 se referían al PKK. Desde entonces, una oficina creada en el Ministerio del Interior por orden de Soylu investiga las "denuncias contra el personal sospechoso". Lo único extraño es que todos los nuevos empleados ya han sido sometidos a un control de seguridad por parte del Ministerio del Interior.

Maniobra para nombrar un síndico

La oposición está de acuerdo en que la acusación de terrorismo contra el personal municipal es una maniobra destinada a destituir a Imamoğlu y así instalar una administración fiduciaria en el Ayuntamiento de Estambul. La "Asociación para la Ayuda Mutua y la Solidaridad del Clero" (DIAYDER), fundada en Estambul en 2008 y formada principalmente por personas de origen kurdo, ha sido designada como cordero de sacrificio para este objetivo. Están acusados un total de 23 miembros de la asociación, ocho de los cuales están en prisión preventiva en la tristemente célebre cárcel de alta seguridad de Silivri desde el verano, entre ellos el presidente de DIAYDER, Ekrem Baran. Los religiosos, de entre 65 y 90 años, están acusados de pertenencia o apoyo al PKK. La fiscalía pide penas de prisión que van desde un mínimo de tres años y medio hasta un máximo de quince años.