En su informe de 2021, la IHD afirma que 151 personas y 156 presos fueron torturados en Turquía. Además, llamando su atención sobre Imrali, el informe señala que “el aislamiento debe ser levantado inmediatamente”.

La Asociación de Derechos Humanos (IHD) de Amed ha anunciado su informe sobre violaciones de derechos en el Kurdistán del Norte (Bakur) en 2021. El vicepresidente de la IHD, Rehşan Bataray Saman, ha señalado que el estado de emergencia continúa en el Kurdistán y que esto ha creado un daño irreparable a las cuestiones de derechos humanos. Indicando que las violaciones de los derechos humanos aumentaron en 2021, Saman ha agregado que “el ambiente de conflicto y violencia, que es más visible y extendido en nuestra región, continúa a toda velocidad. En las operaciones militares, los conflictos armados y las explosiones, cada dos días pierden la vida personas”.

‘Un conflicto terrible’

Afirmando que el Kurdistán se enfrenta a un escenario de conflicto “terrible”, Saman ha hecho referencia a las muertes, las detenciones, los arrestos y el caso de cierre contra el Partido Democrático de los Pueblos (HDP). Recordando que numerosos políticos kurdos, entre ellos numerosos diputados y alcaldes electos, siguen encarcelados a pesar de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminando lo contrario, Saman ha señalado que casos como el del atentado contra la Casa del Libro de Şemdinli muestran la insistencia en la política de impunidad llevada a cabo por el Estado.

Saman ha declarado que 151 personas fueron sometidas a torturas y malos tratos en unidades de detención, redadas domiciliarias y en las calles. Además, 156 presos fueron sometidos a torturas y malos tratos en las cárceles. “Hay que poner fin inmediatamente a estos métodos inhumanos, los que recurren a ellos deben ser destituidos y llevados ante la justicia y castigados”, ha subrayado.

Cárceles: traslados forzosos, torturas y muerte

Afirmando que 170 presos políticos fueron trasladados a lugares alejados de sus familias durante este período, Saman ha señalado que todavía hay 1.605 presos enfermos, 604 de los cuales están gravemente enfermos, en la cárcel. Señalando que siete de estos detenidos perdieron la vida en 2021 por falta de acceso a una atención sanitaria de calidad, Saman también ha hecho referencia al aislamiento impuesto al líder político del pueblo kurdo Abdullah Öcalan: “Al pesidente del PKK Abdullah Öcalan se está imponiendo un aislamiento total en la prisión de Imralı. Es una violación de los derechos humanos que a Öcalan y a otros tres presos políticos en la misma prisión no se les permita reunirse con sus familias y abogados. Hay una larga lista de prácticas arbitrarias que son incompatibles con la ley. Por lo tanto, pedimos el fin inmediato del aislamiento”.

Llamando la atención sobre la situación de los presos enfermos Mehmet Emin Özkan y Aysel Tuğluk, Saman ha solicitado al Ministerio de Justicia que ponga fin “a las condiciones ilegales en prisión”. Ha afirmado que las violaciones son el resultado de políticas estatales equivocadas y erróneas, y ha exigido que se abandonen las políticas que condujeron a este aumento de las violaciones de los derechos humanos. Ha añadido que el conflicto debe resolverse mediante el diálogo.

El representante de la IHD, Tahir Saçaklıdır, ha revelado los datos en el informe. En primer lugar, ha explicado que la policía y los soldados mataron a dos personas e hirieron a otras ocho que no obedecieron una advertencia de alto.

Dos detenidos, ocho soldados y un agente de policía se habrían suicidado o muerto de forma sospechosa. Afirmando que cinco personas perdieron la vida y dos resultaron heridas como consecuencia de errores y negligencias oficiales, Saçaklıdır ha indicado que un dirigente de un partido político resultó herido en un atentado, y un periodista, dos profesores, un abogado, dos médicos y quince trabajadores sanitarios resultaron heridos tras los consiguientes ataques.

Saçaklıdır ha recordado que 12 soldados, policías y personal de inteligencia, así como un ciudadano iraquí que fueron detenidos por miembros del PKK, perdieron la vida durante los ataques de invasión en la región de Gare en Bashur, y ha añadido que una persona fue asesinada a tiros en la línea fronteriza, dos resultaron heridas allí mismo y otra murió congelada.

Saçaklıdır dijo que 2 niños y 2 adultos perdieron la vida y 1 niño y 4 adultos resultaron heridos como consecuencia de las explosiones de las minas.

Un total de 51 personas, entre ellas nueve niños, 38 mujeres y cuatro hombres, fueron halladas muertas de forma sospechosa.

Afirmando que 950 regiones de cinco ciudades y 19 distritos fueron declarados “zonas especiales de seguridad” siete veces en 2021, Saçaklıdır ha agregado que se declaró el toque de queda 13 veces en 155 pueblos/barrios y decenas de aldeas, así como en el centro de dos ciudades y 10 distritos conectados a ellos.

Violaciones de los derechos de las mujeres y los niños

Afirmando que 21 mujeres se suicidaron durante este período y otras 10 lo intentaron, Saçaklıdır ha expuesto que otras 32 mujeres perdieron la vida como resultado de la violencia doméstica, 17 resultaron heridas como resultado de la violencia a la que fueron sometidas, y tres mujeres fueron agredidas sexualmente.

Hablando de las violaciones de los derechos de los niños, Saçaklıdır ha señalado que 12 niños se suicidaron, cuatro lo intentaron, cuatro murieron a consecuencia de la violencia doméstica vicaria, 11 resultaron heridos como consecuencia de este tipo de violencia y nueve fueron expuestos a abusos sexuales.

Tortura, genocidio político y muertes laborales

Según los datos compartidos por Saçaklıdır, otras violaciones fueron las siguientes:

“Al menos 56 personas fueron sometidas a tortura y malos tratos bajo custodia policial. 94 personas fueron sometidas a tortura y malos tratos fuera de sus lugares de detención (redadas en la calle). Una persona fue maltratada por los guardias de aldea, y 156 presos fueron torturados y maltratados en prisión.

1.741 personas, 29 de ellas niños, fueron detenidas. 312 personas, entre ellas un niño, fueron enviadas a prisión preventiva. Una persona fue sometida a arresto domiciliario. Se registraron 1.461 casas y oficinas. Se inició una investigación contra 102 personas en 25 expedientes de investigación. En otros 14 expedientes se procesó a 65 personas. Además, se impusieron diversas penas de prisión y multas a 191 personas en 57 expedientes, entre ellas políticos, periodistas y trabajadores públicos.

170 presos fueron deportados sin justificación. 23 presos fueron expuestos a una violación de su derecho a la salud. Se inició al menos una investigación contra al menos 56 presos. Se impusieron castigos disciplinarios a 115 presos. Al menos otros cuatro presos fueron puestos en aislamiento.

22 trabajadores perdieron la vida y 8 resultaron heridos en accidentes laborales ocurridos como consecuencia de condiciones de trabajo inseguras. 404 personas fueron despedidas, 23 expulsadas. Se destituyó a 2 co-alcaldes de municipios de distrito, se nombró a un fideicomisario en un municipio de distrito, y se despidió a cuatro miembros del Consejo Municipal y a cuatro miembros del Consejo Provincial”.