Con una nueva administración de derechas en el gobierno de Colombia, el Consejo de Seguridad de la ONU, en su reunión de octubre ha enfatizado la importancia de que el proceso de paz en Colombia “sea una fuente de inspiración para otras partes del mundo para acabar sus conflictos y caminar hacia la paz”.

El reciente acuerdo de paz con las FARC, que busca acabar con un conflicto que ha durado desde los años 60 y ha dejado alrededor de 260.000 personas muertas y 60.000 desaparecidas, fue firmado por el anterior presidente Juan Manuel Santos. Un proceso similar está en estos momentos en marcha con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero ha sido congelado por el recientemente elegido presidente. Iván Duque  ha dicho que suspendía las conversaciones con las guerrillas del ELN hasta que los rebeldes dejasen de combatir.

Los miembros del Consejo, tras ser informados por el Representante Especial del Secretario General, el Sr. Jean Arnault y por la Misión de Verificación de la ONÜ en Colombia, se han mostrado optimistas de que el proceso pueda continuar a pesar de las preocupaciones que han surgido a raíz de la entrada del nuevo gobierno de derechas, que ha prometido “realizar correcciones” al acuerdo de paz adoptado por su predecesor.

A pesar del optimismo, el Consejo de Seguridad ha dejado constancia de una serie de preocupaciones que incluyen “la inseguridad reinante, el tráfico de drogas y la violencia” en algunas zonas de conflicto, “incluyendo un patrón persistente de asesinatos de líderes comunitarios y sociales”.

“El último informe de la Oficina del Defensor del Pueblo ha informado de que desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de junio del año vigente más de 311 defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios o sociales han sido asesinados, mientras que en 2013 se denunciaron 35 casos.

Es una masacre diaria, en la que las organizaciones de ultra derecha parecen disfrutar de carta blanca y los asesinatos están reviviendo el terror que durante años ha asolado el país….”, denunciaba el diario Granma.

Los miembros del Consejo de Seguridad también han expresado su preocupación por el ritmo de la reincorporación a la vida civil así como por los asesinatos de antiguos miembros de las FARC-EP: “el número de miembros de las FARC-EP muertos sin protección del estado han sido 74 desde la firma del acuerdo de paz”.

“Los crímenes no parecen estar racialmente motivados. Más bien, parecen ser crímenes políticos, una represalia contra el acuerdo de paz de 2016”, apuntaba el diario The Conversation.

A pesar de todo ello, el Consejo de Seguridad informaba que el 23 de agosto la administración adoptó el “Pacto por la Vida y la Protección de los Líderes Sociales y Defensores de los Derechos Humanos”, y esperan el cumplimiento y la implementación del pacto.

“Como un primer paso para poner en acción este compromiso hay que detener los asesinatos, estamos ansiosos de ver implementado este Plan de Acción que se está preparando por el gobierno como consecuencia del Pacto Nacional”, ha dicho Jean Arnault.

Los miembros también han reiterado la importancia de “la reincorporación política, legal y socioeconómica completa de los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” y ha subrayado la necesidad de que ambos partes cumplan los compromisos adquiridos. “Una acción rápida para generar oportunidades socioeconómicas y cumplir con las garantías legales y de seguridad acordadas para los miembros de las FARC para así fortalecer la confianza en el proceso de paz” es imprescindible a ojos del Consejo. La Misión para la Verificación de la ONU ya había expresado su consternación ante la lentitud en el cumplimiento de este apartado: “La gran mayoría de aquellos que participan en el proceso de reintegración todavía no tienen una perspectiva económica clara más allá de la paga mensual que se les acabará en agosto del año que viene”.

Con mucho optimismo y mirando al futuro (actitud que no parece tan compartida entre los colombianos) los miembros del Consejo de Seguridad han reafirmado su compromiso para trabajar con Colombia y su nueva administración para “mantener el rumbo y el ritmo de la implementación del acuerdo de paz para poder garantizar que ésta sea duradera”.

Por últimos los miembros del Consejo de Seguridad han manifestado que  esperan ver cumplido el compromiso del gobierno de mantener el diálogo con los grupos de mujeres para tratar todas las materias incluyendo una perspectiva de género, tal como establece el acuerdo de paz de cara a “garantizar la seguridad y reintegración” de las mujeres de la guerrilla.

La reciente evaluación del Consejo de Seguridad (dejando a un lado su optimismo) despierta suspicacias acerca del valor real de las palabras por encima de las acciones concretas, sobretodo en un ambiente en el que: “Cada tres días es asesinado un activista desde el acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre de 2016”.