Treinta y seis organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos han hecho un llamamiento a la comunidad internacional en una carta conjunta para que se tomen medidas urgentes ante las detenciones “arbitrarias” de civiles y activistas kurdos en Irán.

En la carta expresan su preocupación por el riesgo de tortura, las desapariciones forzosas y otros abusos a los que se enfrentan los detenidos.

“Estas condiciones de detención abusivas, que violan tanto la legislación iraní como el derecho internacional de los derechos humanos, exponen a los detenidos a un grave riesgo de tortura y otros malos tratos, que se practican de forma generalizada y sistemática en los centros de detención gestionados por los cuerpos de seguridad e inteligencia de Irán”, dice la carta.

Según la misma, desde el 6 de enero de 2021, al menos 96 civiles y activistas kurdos han sido detenidos por las unidades de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y el Ministerio de Inteligencia, sin orden de detención.

“Según la información recabada de fuentes informadas, desde el 6 de enero de 2021, al menos 96 personas (88 hombres y 8 mujeres) de la minoría kurda de Irán, entre ellas activistas de la sociedad civil, activistas por los derechos laborales, ecologistas, escritores, estudiantes universitarios y activistas políticos anteriormente encarcelados, así como personas sin antecedentes conocidos de activismo, han sido detenidas por la unidad de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán o por agentes del Ministerio de Inteligencia, en ocasiones de forma violenta”, especifica.

A día 2 de febrero, sólo siete de los detenidos habían sido puestos en libertad, tres bajo fianza y cuatro de forma incondicional.

Detenciones en régimen de incomunicación y desapariciones forzosas

La carta también señala que muchas de las personas que permanecen detenidas se encuentran en paradero desconocido: “De las 89 personas que permanecen detenidas, al menos 40 han sido sometidas a desapariciones forzosas, y las autoridades se niegan a revelar a sus familias cualquier información sobre su suerte y paradero”.

Los agentes de la Guardia Revolucionaria y del Ministerio de Inteligencia han sometido a las familias de los detenidos a amenazas e insultos, y les han advertido de que no hablen con los medios de comunicación ni se comuniquen con los organismos de derechos humanos de la ONU.

La oposición kurda en el punto de mira

La carta también pone de relieve que muchas de estas personas han sido detenidas por haber defendido a la oposición kurda: “Las autoridades iraníes restringen severamente o, en muchos casos, prohíben a los partidos políticos de la oposición, especialmente los que representan a comunidades étnicas minoritarias como los kurdo-iraníes. Algunos partidos de la oposición kurda tienen alas armadas separadas con sede fuera de Irán, que participan en enfrentamientos armados contra las autoridades estatales del gobierno dentro del país. Las autoridades iraníes suelen detener y encarcelar arbitrariamente a personas de la minoría kurda simplemente por su apoyo real o percibido a los partidos de la oposición kurda o su asociación con ellos, y rara vez aportan pruebas suficientes que apunten a la implicación directa o indirecta de los acusados en delitos reconocidos”.

En este sentido, las organizaciones de derechos humanos ponen de relieve que el derecho a la libertad de opinión y de expresión incluye el derecho a ser crítico con el sistema político-social propugnado por las autoridades y el derecho a defender pacíficamente cualquier idea o visión política, siempre que la idea expuesta no haga apología del odio.

Un historial terrible

En la carta, las organizaciones civiles y de derechos humanos también señalan el historial de Irán contra las minorías:

“Durante décadas, las minorías étnicas de Irán, como los kurdos, los árabes ahwazi, los turcos azerbaiyanos, los baluchis y los turcomanos, se han enfrentado a una discriminación arraigada que ha limitado su acceso a la educación, el empleo, la vivienda digna y los cargos políticos. La continua falta de inversión en las regiones pobladas por minorías exacerbó la pobreza y la marginación. A pesar de los reiterados llamamientos a la diversidad lingüística, el persa sigue siendo la única lengua de instrucción en la educación primaria y secundaria.

Según los grupos kurdos de derechos humanos, en 2020 más de 500 personas de la minoría kurda de Irán, entre ellas defensores de los derechos humanos, fueron detenidas por motivos políticos y acusadas de delitos relacionados con la seguridad nacional, redactados de forma amplia y vaga. Al menos 159 de ellas fueron condenadas posteriormente a penas de prisión que oscilaban entre un mes y 17 años, y cuatro recibieron la pena de muerte.

Según el Relator Especial de la ONU sobre Irán, ‘los presos políticos kurdos acusados de delitos contra la seguridad nacional... constituyen un número desproporcionadamente alto de los que reciben la pena de muerte y son ejecutados’. En 2020, al menos cuatro personas de la minoría kurda de Irán fueron ejecutadas tras juicios manifiestamente injustos relacionados con su presunta participación en la oposición armada”.

Por todo ello, las organizaciones de derechos humanos exigen:

• Liberar inmediata e incondicionalmente a todos los detenidos de forma arbitraria y poner fin a la campaña de detenciones arbitrarias del pueblo kurdo;

• En espera de su liberación, proteger a todos los detenidos de la tortura y otros malos tratos;

• Informar inmediatamente a las familias de la suerte, el paradero y la situación jurídica de sus familiares detenidos bajo custodia del Estado y poner fin a la práctica de la desapariciones forzosas;

• Garantizar que a las personas privadas de libertad se les respetan sus derechos a notificar a una tercera persona, a acceder a un abogado, a impugnar la legalidad de la detención y a permanecer en silencio, y garantizar que todas las declaraciones obtenidas en violación del derecho a la notificación de los derechos no sean admitidas en juicio;

• Llevar a cabo investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos, y llevar a los responsables ante la justicia en juicios justos;

• Poner fin a la discriminación de las minorías étnicas y religiosas, tanto por ley como en la práctica, y respetar, proteger, promover los derechos humanos de todas las personas del país; y

• Establecer una moratoria oficial de todas las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.