Por enésima vez, el 18 de septiembre, el Tribunal de Crotone —que la acusa de contrabandista y de haber ayudado a traficantes de seres humanos en el viaje a Italia— se negó a concederle el arresto domiciliario.

En el punto de mira del régimen de los ayatolás, en 2019 esta kurdo-iraní de 28 años huyó de Teherán con su hermano para refugiarse en el Kurdistán iraquí, donde trabajó en un canal de televisión. Durante la revuelta provocada en Irán por el asesinato de la joven Masha Amini a manos de la “policía moral”, Maysoon recibió amenazas directas del régimen y en agosto de 2023 decidió abandonar Irak y dirigirse a Turquía junto a otros activistas. El viaje duró 17 horas y ella tuvo que cruzar a pie las montañas que separan ambos países.

Después, el 31 de diciembre del año pasado, desembarcó en las costas italianas tras cruzar el Mediterráneo a bordo de una embarcación junto con otros 76 refugiados y refugiadas que habían partido de la costa turca. Su objetivo era llegar a Alemania, donde ya viven familiares y amigos, pero tras su llegada la policía italiana la detuvo acusándola de ser ella misma una contrabandista. La implicaron, según los agentes de la Guardia di Finanza que tomaron las primeras declaraciones tras el desembarco, dos hombres que viajaban con ella. Según ellos, Maysoon había ayudado al conductor del barco a mantener la calma entre los refugiados y había distribuido agua y alimentos.

Tras su detención, la jueza dejó pasar más de cinco meses antes de interrogarla. Ella protestó, encontrando la solidaridad de asociaciones, activistas y políticos a quienes la acusación pareció inmediatamente absurda. En los últimos meses, la activista emprendió una huelga de hambre que redujo su peso en 15 kilos. En los últimos días volvió a intentarlo, pero tuvo que parar de inmediato porque su estado de salud es demasiado precario. Además, está deprimida, no puede dormir y sufre ataques de pánico.

Durante la última vista, los dos “testigos” se retractaron de las declaraciones que se les atribuían; afirmaron que Maysoon era inocente, alegando que el intérprete de la policía tergiversó lo que le habían dicho. Sin embargo, el tribunal no aceptó la retractación de los hombres porque ambos intervinieron por teléfono desde Alemania y Francia, donde viven ahora. Incluso el hombre que conducía el velero, el turco Ufuk Akturk, declaró que la chica no tenía nada que ver con él. Pero la juez Maria Rosaria Multari devolvió a la activista, que se enfrenta a una pena de hasta 16 años, a una celda de la cárcel de Reggio Calabria.

“Se trata de una situación absurda y kafkiana. No hay pruebas que respalden los cargos. Las declaraciones acusatorias, además retractadas, nunca han sido confirmadas en el interrogatorio entre las partes, en violación del artículo 111 de la Constitución italiana y del artículo 6 de la Carta Europea de Derechos Humanos”, denuncia a El Salto el abogado Giancarlo Liberati, que defiende a Maysoon. “Son acusaciones completamente infundadas, como ocurre en tantos otros casos, muchos de los cuales, afortunadamente, terminan en absolución, a pesar de los escasos medios de que dispone la defensa y de las grandes limitaciones impuestas a nuestra acción”, añade el abogado.

Liberati cita a Plutarco cuando decía que las telas de araña atrapan a las moscas pero dejan escapar a las avispas —Irretit muscas, trasmittit aranea vespas—, refiriéndose al hecho de que los verdaderos traficantes raramente se topan con las mallas de la represión. “Hay mucha gente inocente en las cárceles, así como refugiados que se ven obligados a conducir los barcos porque les obligan los traficantes”, afirma el abogado basándose en su larga experiencia.

El letrado también defiende a Marjan Jamali, una joven madre iraní que desembarcó en Roccella (también en Calabria) el 27 de octubre de 2023 y que también fue detenida por “complicidad en inmigración irregular”. La acusan de colaborar con el contrabandista tres iraquíes que durante la travesía por el Mediterráneo, según denunció, habían intentado violarla. Al menos a Marjan, que huyó de la violencia de su compañero y la del régimen iraní contra las mujeres y los opositores, el tribunal de Locri le concedió el arresto domiciliario, quizás porque tiene un hijo de ocho años que cuidar.

Para el abogado, el principal problema es el artículo 12 del Texto Único de Inmigración, que castiga la “facilitación” de la inmigración ilegal. “Por no hablar de la amplia interpretación que fiscales y jueces hacen de este artículo. En muchos casos, como los de Maysoon y Marjan, ni siquiera se persigue a los presuntos contrabandistas, sino a personas que se habrían encargado de distribuir comida o agua o de mantener el orden. Si yo me encontrara en un barco lleno de personas, también estaría haciendo todo lo posible por ayudar a los demás, y entonces podría ser acusado de ‘complicidad’”.

Según la definición internacional de la “trata de seres humanos”, incluida en el Protocolo de la ONU de 2000, que Italia ha ratificado, para que una conducta se considere delictiva debe haber facilitado la entrada irregular de una persona en un Estado con el fin de obtener un beneficio económico o material. El Protocolo de la ONU también prohíbe explícitamente la criminalización de las víctimas de la trata de seres humanos.

La ley italiana, en cambio —al igual que las normas europeas aprobadas en 2002—, adolece de una redacción muy ambigua, terminando por considerar delito incluso comportamientos guiados por la solidaridad. Por otra parte, la primera ministra Giorgia Meloni, tras la muerte en 2023 de 90 personas al naufragar su embarcación a pocos metros de Cutro —también en Calabria—, en lugar de pedir disculpas por la falta de intervención por parte de los barcos de rescate, reiteró uno de los leitmotiv de la campaña electoral que llevó al poder a la derecha radical. “Perseguiremos a los contrabandistas en todo el mundo”, dijo Meloni, que endureció las penas para los acusados de ser conductores, aprovechando un proceso similar en curso en la legislación de la Unión Europea.

Pero la “Ley Piantedosi”, que lleva el nombre del ministro del Interior, “no cambia mucho las medidas legislativas aprobadas en años pasados por gobiernos de centro-izquierda que criminalizan tanto a los refugiados como a las organizaciones que intentan rescatarlos”, argumenta Alessandro Metz, armador del barco “Mediterranea”, que desde 2018 peina el mare nostrum para asistir a los migrantes procedentes de la orilla sur.

“Los obstáculos y las medidas punitivas tomadas contra nosotros son cada vez mayores”, denuncia Metz, que junto con otros activistas está acusado por el tribunal de Ragusa —en Sicilia— de “complicidad” y está a la espera de saber si tendrá que ser juzgado.

“Muchos de los enjuiciados o condenados son personas que simplemente hicieron el viaje y no tenían ninguna responsabilidad. En algunos casos son personas que, a cambio de un descuento en el precio del viaje, aceptaron conducir el barco. Otros, ante una emergencia decidieron tomar un papel activo con los demás refugiados”, explica Metz a El Salto.

“La paradoja es que el ‘barquero’ como figura ya no existe. Al menos en lo que se refiere a los viajes desde Libia, son los miembros de clanes criminales locales quienes organizan el tráfico de seres humanos, a menudo vistiendo los uniformes de la Guardia Costera”, apunta el activista, que recuerda cómo estas redes son financiadas por Italia y los países europeos con el imperativo de frenar las salidas. “Les dan armas, vehículos, lanchas patrulleras y reciben formación de nuestra policía. Primero atraen o capturan a los refugiados, los encierran en centros de detención, los amenazan y torturan para obligarlos a pagar sumas más elevadas y, cuando consiguen la suma que exigen, los embarcan. En muchos casos, luego los capturan en el mar y vuelven a empezar el ciclo”, alerta.

Metz critica cómo los gobiernos occidentales promueven la narrativa de la invasión, que presenta las migraciones como un peligro, convirtiendo en enemigos a las personas que migran. “Para defender las fronteras, todo vale, incluso dejar que los barcos se hundan como en Cutro. Este gobierno reprime a los refugiados y a las ONGs para crear un efecto disuasorio que disuada de viajar, que convenza a los migrantes a renunciar. El razonamiento es el siguiente: cuanto más se hundan los barcos, cuanto más sufran los refugiados una vez llegados a su destino, más fuerte será el efecto disuasorio”. Una apuesta que convierte a todo actor solidario con las personas migrantes en rival, “un facilitador al que hay que golpear. Pero la disuasión no funciona; en muchos países la situación es tan grave que la gente, entre una muerte segura y el riesgo de ahogarse en la travesía o de ser detenida al llegar a su destino, elige la segunda opción”, expone Metz. Es más, explica, ahora que no hay capitanes de barco a los que defender, las cifras de “traficantes” detenidos se engordan con las propias personas refugiadas. Y esto es lo que habría sucedido a Maysoon y Marjan.

FUENTE: Marco Santopadre / El Salto Diario