Aproximadamente un año después del asesinato de Jina Mahsa Amini, una comisión del Parlamento iraní ha aprobado un endurecimiento de la obligación de llevar velo. La nueva ley sobre el hiyab prevé sanciones aún más severas en caso de infracción. En caso de múltiples infracciones, éstas incluyen una multa de más de 5.000 euros, la prohibición de salir del país y penas de prisión de hasta 15 años.

Como ejemplos de "mala vestimenta", la ley menciona las blusas de manga corta o los vaqueros rotos para las mujeres, y los pantalones con la entrepierna corta o las camisetas sin mangas para los hombres. La ley impone instrucciones detalladas a los ministerios y servicios de seguridad con la obligación de hacer cumplir los códigos de vestimenta islámicos. Los civiles y las fuerzas de seguridad podrán denunciar fácilmente las infracciones.

Sin embargo, la revolución "Jin, Jiyan, Azadî" es la mayor oleada de protestas que ha vivido la República Islámica de Irán desde su fundación en 1979. La desencadenó el asesinato de Jina Mahsa Amini. La joven kurda de 22 años, natural de Seqiz, murió el 16 de septiembre de 2022 en un hospital de Teherán, la capital iraní, a causa de las heridas provocadas en comisaría por la denominada policía “de la moral” por no llevar correctamente el hiyab. Desde entonces, más de 500 manifestantes han perdido la vida y más de 20.000 han sido detenidos en la represión que siguió a las multitudinarias protestas por el asesinato de la joven kurda.

En una rueda de prensa celebrada el viernes en Ginebra, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, lamentó la aprobación por el Parlamento iraní del nuevo proyecto de ley sobre la castidad y el hiyab.

Shamdasani señaló que el decreto, cuyo nombre completo es Proyecto de Ley de Apoyo a la Familia mediante la Promoción de la Cultura de la Castidad y el Hijab, es a la vez represivo y degradante: "Las mujeres y las niñas no deben ser tratadas como ciudadanas de segunda clase. Las autoridades tienen el deber de respetar, proteger y cumplir los derechos de todos y todas los iraníes."

La Oficina de la ONU instó a las autoridades iraníes a tomar medidas para eliminar ésta y todas las demás formas de discriminación por motivos de género, y a derogar todas las leyes y prácticas asociadas.

"También pedimos a las autoridades que deroguen todas las normas y procedimientos por los que se vigila específicamente el comportamiento de las mujeres en público, y que introduzcan leyes y políticas que permitan a las mujeres y las niñas ejercer sus derechos humanos, incluido su derecho a participar plenamente en la vida pública, sin temor a represalias ni discriminación", declaró Shamdasani.

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