El periódico británico The Guardian publicó un artículo sobre un informe, compilado por un grupo de prominentes abogados de derechos humanos, en el que se afirma que Turquía debería enfrentar cargos ante la corte internacional de justicia por ser cómplice de actos de genocidio contra el pueblo yazidí. 

El innovador informe trata de poner de manifiesto la responsabilidad vinculante que tienen los Estados de impedir el genocidio en sus territorios, aunque lo lleve a cabo un tercero como el Estado Islámico (EI).

Los abogados, agrupados bajo el título de Comité de Justicia Yazidí (YJC, por sus siglas en inglés), afirmaron que el derecho internacional obliga a los Estados a prevenir el delito de genocidio en virtud de la Convención sobre el Genocidio. Sir Geoffrey Nice QC, presidente del YJC, describió el genocidio del pueblo yazidí como una "locura acumulada sobre el mal".

"Las autoridades turcas sabían y/o fueron deliberadamente ciegos ante la evidencia de que estos individuos utilizarían este entrenamiento para cometer actos ilegales contra los yazidíes", decía el informe.

El informe señalaba que se habían hecho acusaciones similares contra algunos Estados del Golfo, incluido Qatar, pero que no se habían presentado pruebas suficientes.

El informe, de 278 páginas, reconocía que en junio de 2014 Irak había pedido a la ONU que reconociera las atrocidades cometidas por el EI, pero acusaba al gobierno iraquí de no coordinarse con las autoridades kurdas ni tomar medidas para evacuar a los yazidíes a un lugar seguro.

El gobierno sirio, según el informe, no impidió el traslado y la detención de yazidíes esclavizados en su territorio.