Las intensas y permanentes negociaciones para poder implementar el Brexit han supuesto una gran tensión para todas las partes implicadas.

Tanto las autoridades del Reino Unido, como de los 27 países de la UE, han realizado esfuerzos ingentes para llegar a un acuerdo, y cuando éste por fin estaba elaborado, aparecía el obstáculo planteado por el estado español.

Mientras que el contenido del acuerdo preliminar entre la UE y Reino Unido ha tratado sobre las relaciones bilaterales entre ambos, el Estado Español, tratando de aprovechar al máximo la oportunidad planteada, ha introducido en la agenda un elemento inesperado: Gibraltar.

El estado español siempre ha reclamado la soberanía sobre el peñón, que controla físicamente la entrada al Mediterráneo, y que perdió en las guerras entre ambos países en el siglo XIX.

La defensa del estado español se basa en una realidad geográfica e histórica evidente, pero colisionó en tiempos recientes con el referéndum unilateral que la metrópolis británica celebró (en aplicación del derecho de autodeterminación para los enclaves coloniales), en la que solo la población registrada como permanente y nativa tenía derecho de voto.

El resultado fue que un 95% de los poco más de 30.000 votantes expresaron su deseo de permanecer dentro del Reino Unido.

La amenaza de un veto de último minuto del estado español al acuerdo sobre las relaciones entre la UE y Reino Unido encontrarán con toda seguridad una respuesta, ya expresada de forma verbal por el gobierno británico, para incluir una cláusula por la cual deberán consultar con el estado español los asuntos concernientes al futuro del peñón de Gibraltar.

Una concesión que solo puede ser interpretada como una forma de satisfacer el interés del estado español para al menos mantener el actual status quo y dejar abierta la puerta de una posible recuperación del territorio en el largo plazo, excluyendo el ejercicio de autodeterminación de la población local.

A pesar de las declaraciones de los diplomáticos del estado español que aseguran que los otros 26 países miembros entienden perfectamente su posición y su reclamo sobre Gibraltar, está claro que para los otros 26 países miembros el estado español tiene unas peculiaridades específicas en el sentido territorial: las Islas Canarias, excluidas de la OTAN y sujetas a un estatus especial, o les delicados enclaves de Ceuta y Melilla, justo en frente de Gibraltar.

En concreto estas dos ciudades, reclamadas por el Reino de Marruecos argumentando las mimas razones que el estado español para el caso de Gibraltar: una población de un 65% árabe y bereber, historia de conquista y características geográficas obvias.

Resulta difícil pensar que la UE, en este momento y dada la complejidad del Brexit, se ajustará a los requerimientos del estado español si éste por su parte no se muestra flexible, por lo que seguramente todo quedará estipulado en una sección especial que dejará al estado español satisfecho sin afectar al Reino Unido.

Hay demasiados intereses en juego para que un poder de segunda fila imponga reglas y condiciones en esta crisis de la UE.