Con 47 votos a favor y 3 en contra (del conservador Partido Popular) el parlamento de Euskadi ha aprobado que el gobierno vasco realice todos los pasos necesarios para que los restos de los “republicanos, milicianos, gudaris y ciudadanos de Euskadi enterrados ilegítimamente en el Valle de los Caídos sean retornados a Euskadi”.

A la moción se le ha añadido una enmienda, requiriendo una “investigación exhaustiva que determine el número exacto de combatientes vascos caídos, proceda a su identificación y determine porque y cuando fueron trasladados y si sus familias dieron la autorización a dicho traslado”.

Según una investigación llevada a cabo en 2008 por los historiadores Iñaki Egaña y Jimi Jiménez, se ha detectado la presencia de al menos 1,195 vascos en el Valle de los Caídos.

Sus restos fueron enterrados en el monumento construido en honor de la dictadura fascista, a pesar de que eran nacionalistas vascos, socialistas, comunistas o anarquistas, los cuales fueron llevados ahí entre los años 1959 y 1963, para completar las fosas que componen el monumento.

Según Egaña más de la mitad de las personas enterradas no han sido identificadas todavía “pero en cualquier caso son republicanos”, ha afirmado el historiador.

La petición del Parlamento de Euskadi ha llegado en un momento en el que en el estado español se vive un intenso debate acerca de la larga y sangrienta dictadura y la guerra civil que la precedió.

La reciente decisión del gobierno socialista de exhumar los restos del dictador Franco y sacarlos del Valle de los Caídos ha sacado a la luz a los nostálgicos y defensores de la dictadura entre las filas del ejército, especialmente entre los oficiales, sectores de la iglesia católica, y la derecha política que es heredera directa del régimen de Franco. 


El Parlamento Vasco ha sido el primero entre los parlamentos autonómicos en realizar una iniciativa como esta, lo cual no es una casualidad si nos atenemos a la especial crueldad que, no solo durante la guerra sino también en la represión posterior, sufrió Euskadi en un intento de extirpar cualquier tipo de sentimiento nacionalista vasco.

La memoria de los perseguidos y la represión está todavía muy presente en la sociedad vasca, que durante 20 años ha visto como se descubrían fosas comunes que habían permanecido ocultas durante décadas  y en las que se han encontrado los restos de miles de personas que fueron enterradas en ellas, victimas de la brutal.

 Un ejemplo de esto ha sido el descubrimiento escalofriante, hace algo menos de dos años, en Navarra de los restos de una mujer y sus seis hijos, que fueron lanzados con vida a un pozo profundo donde finalmente murieron.

Pero Euskadi no es la única zona que todavía tiene que cuantificar los alcances del horror sufrido a manos de la dictadura de Franco. Por ejemplo, el Parlamento de Aragón también está dando pasos en esa dirección.

Más allá de la búsqueda de la verdad histórica, el reconocimiento y la justicia, el debate sobre Franco mantiene su actualidad debido a que la transición tras su muerte no afectó a los aparatos del estado (policial, judicial, militar y político), los cuales no fueron purgados ni se depuraron responsabilidades.

Lo mismo se puede decir de la iglesia católica, la oligarquía financiera que apoyó activamente a la dictadura y sobretodo de la monarquía, que fue designada por el propio dictador como su sucesora, en los 60.

Por tanto las cuentas pendientes de la dictadura siguen proyectándose en la sociedad actual en la que la población más joven “descubre” con sorpresa lo que fue escondido y cuidadosamente disfrazado durante 40 años por intereses políticos de los que algunos lideres socialistas y comunistas formaron parte ya que eran el núcleo de la oposición en aquel momento.