Activistas, familias y diversas organizaciones están promoviendo una serie de iniciativas para apoyar a los 5 ciudadanos de Turín que lucharon con las YPG en Rojava y ahora corren el riesgo de ser expulsados ​​por su propia ciudad si el Tribunal acepta la demanda emitida por las autoridades policiales italianas.

Se le pide al Tribunal de Turín que decida si aplicar una orden de expulsión de dos años y medidas especiales de vigilancia a los cinco activistas por ser "socialmente peligrosos".

La audiencia en Turín será el 23 de enero, pero hasta ese momento la movilización está creciendo para garantizar el máximo apoyo a los 5 activistas e informar a la opinión pública sobre el abuso y la reactivación de una medida utilizada durante el régimen fascista en Italia.

De hecho, la medida es una "medida preventiva" que suspende la relación causal entre la limitación de la libertad personal y el procedimiento judicial. No hay una acusación específica contra los 5 activistas, que por lo tanto no podrían defenderse en un juicio.

La medida alegaba un "peligro social" debido al hecho de que los 5 habían ido a Siria para combatir, de diferentes maneras y períodos, al Estado Islámico o al ISIS.

Activistas, familias y organizaciones escribieron en un llamamiento a la acción: "Nos desconcierta esta iniciativa ¿Cómo puede una postura activa contra el Estado Islámico ser considerada un crimen o una fuente de peligro para Italia? Los 5 están acusados ​​de haber aprendido a usar armas. Nos preguntamos: ¿cómo les habría sido posible vivir en un país en guerra sin saber cómo defenderse?

La apelación también subrayó que “los 5 activistas están acusados ​​de haberse unido a las YPG / YPJ. Pero, ¿cómo esto podría considerarse un crimen, cuando las YPG / YPJ están luchando contra el Estado Islámico junto a la Coalición Internacional liderada por Estados Unidos, de la que Italia forma parte? O, ¿deberíamos esperar que el Estado italiano se declare "socialmente peligroso?"

Las medidas, dijo el llamamiento, apuntan claramente a algo diferente: "Estigmatizar a los ciudadanos por su postura, tanto en Italia como en el exterior.

Por lo tanto, si uno ha protestado contra una decisión o ley del gobierno, si es un disidente, puede que sufras medidas policiales que no te acusan especificamente de nada, pero que se aplican para impedir el ejercicio de la protesta" 

La apelación termina instando al "Tribunal que debe decidir sobre estas medidas que piense cuidadosamente sobre las consecuencias de su decisión, ya que llega en un momento de fuertes tensiones sociales y, sobre todo, de riesgos para socavar los derechos fundamentales".