La vida pública en la provincia de Van se ha visto paralizada por una gran fuerza policial desde las elecciones locales del 31 de marzo. El Partido DEM ganó en las 14 circunscripciones de la provincia y el partido gobernante AKP fue derrotado. Inmediatamente después de las elecciones, se anuló la victoria del recién elegido coalcalde, Abdullah Zeydan, del Partido DEM. El comité electoral declaró que el candidato del AKP, Abdulahat Arvas, que había quedado en segundo lugar, debía asumir el cargo después de que un tribunal declarara inválida la candidatura de Zeydan. La gente se opuso y salió a las calles. Después de días de protestas, la decisión fue revocada y Abdullah Zeydan pudo mudarse al ayuntamiento como coalcalde junto con Neslihan Şedal.

Ha pasado un mes y medio desde el levantamiento popular, pero la policía y el ejército siguen presentes. Las "fuerzas de seguridad" bloquean el tráfico, obstaculizan el comercio y paralizan la vida pública. Las fuerzas de emergencia con cañones de agua están posicionadas en todas las carreteras principales. Los helicópteros de la policía sobrevuelan la ciudad día y noche. El gobernador anunció que continuarían los controles de identidad en las vías de acceso y que se extendería la prohibición general de reuniones. Más de un centenar de personas han sido detenidas en Turquía en relación con las protestas.

El copresidente de la asociación provincial del DEM, Veysi Dilekçi, describe el estado de sitio como la reacción del Estado a la resistencia del pueblo a la anulación de su voto. Remarcando que el pueblo había prevalecido con una postura democrática, el político dijo a ANF: "El estado de emergencia declarado en Turquía en 2016 se levantó en 2018, pero todavía se aplica en Van. El derecho de reunión consagrado en la Constitución ha sido suspendido, y la vida cotidiana se hace más difícil por este estado de sitio. La situación ha empeorado desde las elecciones. Las medidas del Estado se dirigen en contra de la voluntad del pueblo. La constitución ya no es válida en Van. Hay un ambiente represivo que no podemos aceptar. Hacemos un llamado al gobierno para que abandone esta política y permita una vida normal en Van".

El abogado Mahmut Kaçan señaló que las "medidas de seguridad" no tienen base legal: En mi opinión, las medidas tienen motivaciones políticas porque el gobierno quiere castigar a la población por su postura democrática y vengarse de ella".