El ex periodista de la Agencia de Noticias Dicle (DIHA) Cengiz Oğlağı fue detenido y remitido al Tribunal de Cizre. En su declaración ante el Juzgado Penal de Paz, afirmó que grabó imágenes de interés periodístico y añadió: “Cualquier periodista en mi posición habría hecho lo mismo. No tengo vínculos con ninguna organización ilegal”.

Sin embargo, el tribunal dictó prisión preventiva para Oğlağı y Belçim Kalay, que también fue juzgado por el mismo caso, por considerar que había pruebas concretas de “pertenencia a una organización ilegal”. Ambos hombres fueron enviados a la prisión cerrada de tipo T de Şırnak.

Se trata de una acusación arbitraria y sistemática utilizada para inculpar a periodistas y activistas. Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de terrorismo por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición.

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