El 18 de febrero se lanzó en Turquía una operación contra el Congreso Democrático de los Pueblos (HDK), que se saldó con la detención de 54 personas. De los detenidos, 30 fueron enviados a prisión provisional, 13 quedaron bajo arresto domiciliario y 7 fueron puestos en libertad bajo control judicial.

El diputado del Partido del Trabajo (EMEP) por Estambul, Iskender Bayhan, ha descrito esta operación, en la que fueron encarcelados numerosos políticos y políticas de diversos partidos y organizaciones políticas, así como artistas y periodistas, como un intento de intimidación contra la lucha social. Bayhan ha subrayado la importancia de la resistencia, declarando: “La respuesta más contundente que podemos dar a estas operaciones es seguir reforzando e intensificando nuestra lucha social”.

Estas medidas sólo profundizan el descontento económico y político, el malestar y las reacciones.

Bayhan señaló que los sucesivos nombramientos de fideicomisarios, la supresión de las luchas sindicales en Antep y las operaciones contra el HDK no impedirán la pérdida de poder del gobierno turco ni aliviarán el descontento social. Por el contrario, estas acciones intensificarán aún más el malestar dentro de la sociedad: “En primer lugar, vimos los sucesivos nombramientos de fideicomisarios, seguidos de la represión de las protestas de los trabajadores en Antep, la presión contra el Sindicato Unido de Trabajadores del Textil, Tejeduría y Cuero (BIRTEK-SEN) y la detención de su presidente, Mehmet Türkmen.

Inmediatamente después de estos sucesos, asistimos a esta operación a gran escala contra el HDK. Teniendo en cuenta la escala de la operación contra el HDK, en la que se han apuntado 60 nombres, junto con una lista ampliamente conocida de 1.640 personas que se preparó cuatro meses antes, es evidente que todo esto apunta a una operación más amplia y planificada de antemano. Claramente, la Alianza Popular [AKP y MHP, coalición gobernante] y el régimen unipersonal [de Erdogan] pretenden encontrar una salida a su estancamiento político y suprimir la creciente oposición entre los trabajadores, los obreros y el público a través de este tipo de operaciones en el próximo período”.

Bayhan añadió: “Por otra parte, también intentan enviar un mensaje a la opinión pública turca en general de que siguen siendo fuertes y poderosos. Sin embargo, esta política no impedirá el debilitamiento del régimen unipersonal en el futuro. Por el contrario, estas medidas sólo profundizan el descontento económico y político, el malestar y las reacciones. Observar el aumento de las huelgas, manifestaciones, luchas por los derechos y expresiones de disidencia en toda Turquía refleja claramente esta realidad”.

Insistimos enérgicamente en la necesidad de detener estas operaciones.

Bayhan expresó su preocupación por la posibilidad de que estas operaciones se intensifiquen aún más, y subrayó que la respuesta más firme de los defensores del trabajo, la paz y la democracia debería ser la intensificación de su lucha. Afirmó que “el gobierno de Erdoğan y la Alianza Popular están llevando a cabo una política que califican abiertamente de política de frente interno, mediante la cual pretenden aplastar a todos los que están fuera de sus propias filas. Declarar al HDK, que ha servido como punto focal de alianza para las fuerzas que abogan por el trabajo, la paz y la democracia desde 2011, una organización criminal a través de esta operación indica claramente su temor a posibles alianzas y unidad en su contra. Más precisamente, su estrategia consiste en tratar de desmantelar las filas de las fuerzas opositoras. Su postura hacia la reconciliación social también es coherente con este enfoque.

La magnitud de esta última operación revela algo crucial: a través de la Fiscalía General de Estambul, que el gobierno utiliza como arma personal, pretenden aumentar este tipo de operaciones e iniciar investigaciones y casos de gran alcance. Recientemente, Turquía ya se ha enfrentado a juicios por motivos políticos, como el juicio de Gezi, el juicio de Kobanê y varios casos de conspiración. Ahora, es evidente que se mantiene una clara política de conspiración. Por lo tanto, insistimos enérgicamente en la necesidad de detener estas operaciones, que al parecer se dirigen contra miles de personas.

El gobierno ve estos ataques como una herramienta para gobernar el país y afirmar su poder, creyendo que puede suprimir la creciente oposición entre trabajadores, obreros y partidarios de la paz y la democracia”.

Noticias relacionadas: