El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), en el poder, siguen hablando de proceso político al tiempo que aplican políticas destinadas a silenciar a la oposición. Esta vez, el arma judicial del gobierno se ha vuelto contra el Congreso Democrático de los Pueblos (HDK) como parte de sus continuos esfuerzos por criminalizar la disidencia.

El último ejemplo de esta represión es la detención ilegal de Fırat Epözdemir, miembro del Consejo Ejecutivo del Colegio de Abogados de Estambul. Su detención se justificó alegando que su nombre aparecía en una lista de candidatos encontrada durante un registro de los locales del HDK, que se remontaba a su candidatura a teniente de alcalde del municipio de Bağcılar en las elecciones locales de 2014. Esta medida supuso una nueva ofensiva contra el HDK, tras las detenciones relacionadas con el acuerdo municipal entre el Partido Popular Republicano (CHP) y el Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM) para las próximas elecciones locales del 31 de marzo.

La represión se intensificó el 18 de febrero con una nueva oleada de detenciones. En la operación de genocidio político centrada en Estambul, 52 personas, entre ellas miembros y directivos de partidos socialistas, periodistas, artistas y defensores de la vida y la libertad de Palestina, fueron detenidas en redadas realizadas antes del amanecer. La Fiscalía General de Estambul apuntó directamente al HDK en su declaración pública. Mientras tanto, el diputado del Partido Laborista (EMEP) Iskender Bayhan reveló que las detenciones no eran más que la primera fase de una operación a gran escala dirigida contra 6.000 personas. Esta declaración indicaba el comienzo de otro caso fabricado contra el HDK.  

El copresidente del HDK, Ali Kenanoğlu, en su valoración a ANF sobre la operación de genocidio político dirigida contra el HDK, declaró que el AKP, tras haber perdido en el primer proceso de resolución política, intenta ahora suprimir la oposición social para asegurarse de no sufrir otra derrota. Subrayó que el gobierno pretende crear un panorama político sin obstáculos eliminando a la disidencia.

Las operaciones se dirigen contra toda la oposición 

Kenanoğlu subrayó que, aunque la Fiscalía General de Estambul afirmó que la operación iba dirigida contra el HDK, un análisis más detallado de las 52 personas detenidas revela que entre ellas se encuentran algunos de los segmentos más dinámicos de la oposición social turca: socialistas, activistas, ecologistas, periodistas, políticos y artistas. Al señalar que entre los detenidos hay personas sin conexión alguna con el HDK, Kenanoğlu subrayó que el poder judicial del gobierno está utilizando deliberadamente al HDK como herramienta para reprimir a la oposición social. También señaló que el HDK está siendo instrumentalizado para criminalizar el acuerdo municipal realizado entre el CHP y el Partido DEM para las elecciones locales. Kenanoğlu subrayó que estas operaciones consecutivas no son incidentes aislados, sino que forman parte de una represión más amplia dirigida contra toda la oposición.

Ataque a la lucha unificada 

Kenanoğlu destacó que el HDK sirve de plataforma de lucha común, que reúne al movimiento kurdo, a los socialistas, a los alauitas y a los defensores del trabajo y de la vida, y dijo: “Está claro que se trata de una operación contra la lucha unificada. A través del HDK, intentan criminalizar el acuerdo municipal que desafió al gobierno en las elecciones locales y condujo a la derrota de la Alianza Popular. Con ello pretenden crear un panorama político libre de obstáculos.

Esta operación también busca distanciar al CHP de las estructuras socialistas de Turquía y de los votantes kurdos".

Kenanoğlu señaló que esta estrategia ya ha mostrado un éxito parcial, explicando: "Hace apenas unas semanas, el CHP hacía declaraciones sobre la solución de la cuestión kurda. Sin embargo, tras la operación contra el acuerdo de la ciudad, ha eliminado por completo la cuestión kurda de su agenda. Esto es exactamente lo que quiere el gobierno. Si este proceso debe conducir a la paz, creo que el gobierno no quiere incluir al CHP en él".

La criminalización no puede coexistir con un proceso político 

Kenanoğlu subrayó que, mientras se debate sobre un proceso político, la represión simultánea de la oposición social, en particular a través del HDK, es inaceptable. Y prosiguió: «El proceso político y esta criminalización no pueden ir de la mano. O bien hay que poner fin a las conversaciones, o bien hay que detener estas operaciones. No es posible continuar las negociaciones con Imrali y, al mismo tiempo, nombrar síndicos en los municipios y criminalizar a la oposición mediante operaciones. Esto contradice la naturaleza misma del proceso».

La represión debe terminar  

Kenanoğlu señaló que el AKP fue el bando perdedor en el proceso de resolución de 2013-2015 debido a su enfoque en aquel momento, y para evitar un resultado similar en la actualidad, está recurriendo a reprimir a la oposición.

Subrayó que, en cualquier país, la democratización acaba por derrotar a los regímenes autoritarios, y añadió: "Para evitar ser los perdedores esta vez, quieren mantener simultáneamente el proceso y estas políticas represivas. En realidad, el gobierno intenta obligar a la oposición a aceptar un proceso en sus propios términos manteniéndola bajo presión. Al suprimir la oposición social, pretenden sofocar la reacción pública. Quieren que el salario mínimo siga siendo el que ellos dictan, seguir apoyando al capital, imponer todo tipo de políticas represivas, enriquecer a sus leales, pero, al mismo tiempo, quieren que la oposición permanezca en silencio e impedir que la opinión pública se levante. Si recuerdan, durante el proceso de resolución estalló el levantamiento de Gezi. No quieren arriesgarse a que se repita una situación similar. Pero como he dicho antes, este proceso no puede continuar así. O se acaba el proceso, o se acaba la represión. Es imposible que ambas cosas coexistan. Así de claro".

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