Las y los miembros de la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD) hicieron una declaración frente al juzgado en la provincia de Amed (Diyarbakir) sobre el aislamiento impuesto al líder kurdo Abdullah Öcalan y Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım y Veysi Aktaş en la prisión de Imrali y la prohibición de visitas de los abogados a sus clientes en la isla prisión. Muchos abogados asistieron al evento en sus togas.

“El problema kurdo ha ido de mal en peor durante los últimos 23 años, provocando otras crisis”, aseguró un abogado de la ÖHD, Muhittin Muğuç.

"Aislamiento contra las leyes"

"El Sr. Öcalan ha estado aislado del mundo exterior durante 23 años en la prisión de Imralı, una zona militar prohibida diseñada para una sola persona sin base legal", informó Muğuç, recordando que no ha habido noticias de Öcalan desde el 25 de marzo de 2021.

“Es inaceptable que un preso sea privado de sus derechos más fundamentales. El hecho de que no se haya proporcionado información sobre su existencia material y espiritual durante 11 meses constituye un delito. El aislamiento es claramente contrario a las legislaciones internas e internacionales y no puede ser aceptado en conciencia y moralmente. Se implementa mediante la difusión de sentimientos chovinistas entre los ciudadanos. Las políticas militaristas fomentadas por el chovinismo crean un ambiente de violencia y desencadenan una destrucción genocida y ecológica. Estas políticas, que en última instancia disipan los recursos públicos, someten a la mayor parte de la sociedad a la miseria y al hambre. Estas simples valoraciones, por desgracia, revelan tanto nuestra realidad actual como hechos históricos. Las crisis que atravesamos hoy ya no se pueden sostener”.

Muğuç señaló la discriminación contra Abdullah Öcalan y declaró: “El régimen de ejecución discriminatorio impuesto al Sr. Öcalan debido a su identidad política, a diferencia de todos los demás detenidos y convictos en Turquía, va en contra de la ley sobre ejecución de sentencias, la Constitución, el Estándar Mínimo Reglamento de los Detenidos y Condenados, y la CEDH en el ámbito del Principio de Igualdad y Prohibición de Maltrato. La legalización del régimen de ejecución discriminatoria a través de diversas disposiciones legales jugó un papel decisivo en la configuración e implementación de las leyes internas y resultó en una comprensión reaccionaria y opresiva del derecho”.

"El maltrato en las prisiones deriva del aislamiento"

Muğuç enfatizó que el maltrato ejecutado en las prisiones de Turquía tiene su origen en el sistema de aislamiento de la prisión de Imrali. “La introducción de prisiones de alta seguridad, la no implementación de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas al 'Derecho a la Esperanza', las restricciones impuestas al régimen de ejecución puestas en práctica después del 20 de julio de 2016 han tomado su fuente y general aplicabilidad del sistema de aislamiento de Imrali”, señaló Muğuç.

El abogado señaló que los intentos anteriores de paz y solución se han frustrado cada vez: “El proceso de Imrali que se ha desarrollado desde 1999 ha sido el ejemplo más evidente del fracaso de estos intentos. Es de conocimiento público que Öcalan ha estado haciendo esfuerzos para el desarrollo de la paz y la democracia. Es una necesidad crear las condiciones necesarias para estos esfuerzos dentro del marco legal”.

“Las prácticas y normas de Imrali han tenido como objetivo la paz social y han contribuido a la destrucción de derechos y libertades. El reconocimiento de los derechos legales del Sr. Öcalan, en particular de su derecho a contactar a su familia y abogados, es constitucional y de conformidad con las leyes internas. Además, constituirá un paso hacia el fin de las actuales crisis sociales. Instamos a las autoridades turcas a que se adhieran a los principios del derecho universal y cumplan con sus responsabilidades constitucionales”, concluyó Muğuç.