El estudio revela que los movimientos ciudadanos logran detener la degradación hasta en un 27% de los conflictos ambientales, pese a la alta tasa de criminalización, violencia y asesinatos, sobre todo en el mundo indígena y en conflictos relacionados con la minería.

Los científicos del proyecto Environmental Justice (ENVjustice) han analizado 2.743 casos de conflictos ambientales de todo el mundo registrados en el Atlas Global de la Justicia Ambiental (EJAtlas), un mapa interactivo que identifica y sitúa los conflictos ecológicos existentes.

Actualmente, el movimiento mundial por la justicia ambiental está compuesto por activismos locales contra la extracción de combustibles fósiles, la minería a cielo abierto, las plantaciones de árboles, las represas hidroeléctricas y otras industrias extractivas, así como contra la evacuación de residuos en vertederos o en la incineración.

Los datos analizados muestran que los activistas son, en su mayoría, miembros de grupos vulnerables que emplean formas de protesta no violentas y que, sin embargo, tiene un coste elevado para sus vidas.

En el 20% de los casos, los activistas tienen que hacer frente a altas tasas de criminalización, y sus acciones de protesta tienen consecuencias en forma de denuncias, multas, litigios y penas de cárcel.

Cuando están involucradas poblaciones indígenas en las protestas ambientales, el número es todavía más dramático: el 27% de los activistas indígenas son criminalizados, el 25% sufre violencia física y el 19% son asesinados