El activista kurdo de derechos humanos Öztürk Türkdoğan se enfrenta a una larga condena de prisión en Turquía. Se han presentado no menos de tres causas contra el copresidente de la Asociación de Derechos Humanos (IHD), y en todos los casos las acusaciones ya han sido aceptadas por los tribunales competentes. Los cargos son graves y van desde la presunta pertenencia a una organización terrorista armada, la denigración pública de la turquedad hasta el insulto a un funcionario público. Si los tres juicios terminan en condena, Türkdoğan podría pasar más de dos décadas entre rejas.

Los casos contra Türkdoğan marcan uno de los problemas de derechos humanos más intratables en Turquía bajo el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan y reflejan, de manera perfecta, la erosión de la justicia en el poder judicial turco; la negación de la libertad de pensamiento y la supresión de la libertad de expresión. La acusación más grave contra este hombre de 52 años, que codirige la IHD desde 2008 y es uno de los co-fundadores de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, es probablemente la de presunta pertenencia a un "grupo terrorista que lucha con fuerza armada". Según la Fiscalía General de Ankara, Türkdoğan actuó "de acuerdo con las instrucciones" del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán). Se basa en las opiniones discrepantes sobre los llamados temas tabú, como la crítica a la grave situación de los derechos humanos en el país -incluida la de las cárceles y, especialmente, la de la isla penitenciaria de Imrali, donde el fundador del PKK, Abdullah Öcalan, lleva años en régimen de aislamiento agravado.

Nombrar la masacre de prisioneros de guerra

Sin embargo, la fiscalía se dedica en particular a la demanda del presidente de la IHD de una investigación independiente e imparcial sobre la muerte de trece prisioneros de guerra del PKK asesinados por el ejército turco durante la invasión de cuatro días de Gare en febrero de 2021. Türkdoğan describió el incidente como un crimen de guerra y una masacre y pidió la creación de una comisión de investigación. También reprendió al gobierno por el hecho de que varias iniciativas de la IHD para la liberación de los prisioneros de guerra asesinados habían caído en oídos sordos en Ankara durante años. Poco después, el ministro del Interior, Süleyman Soylu, atacó verbalmente a toda la junta directiva de la IHD en una declaración parlamentaria y les deseó la muerte. Como consecuencia, Öztürk Türkdoğan fue detenido temporalmente y se le prohibió salir del país.

Se piden hasta 15 años de prisión

Si es declarado culpable en este proceso, el activista de derechos humanos podría enfrentarse a una pena de hasta quince años de prisión. La acusación se basa en el artículo 314/2 del Código Penal turco, que prevé una pena de entre un mínimo de cinco y un máximo de diez años. Sin embargo, junto con la legislación antiterrorista, la pena se incrementa en la mitad. El juicio comenzará el 22 de febrero y se celebrará en la 19ª Gran Cámara Penal de Ankara. La IHD pide al público que observe el juicio en solidaridad.

Procedimientos basados en el artículo 301

El segundo caso contra Türkdoğan se abrió sobre la base del artículo 301. Esta es probablemente la ley turca más conocida en Europa. Hasta 2008, el artículo aún regulaba el "insulto a la turquedad", pero bajo la presión de la UE, la ley fue reformada. La versión anticuada dice: "Quien menosprecie públicamente a la nación turca, al Estado de la República Turca, a la Gran Asamblea Nacional de Turquía, al gobierno de la República Turca y a los órganos judiciales del Estado será condenado a penas de seis meses a dos años de prisión".

Llamamiento para poner fin a la negación del genocidio

El objeto de este procedimiento es, entre otras cosas, una declaración titulada "Por la justicia y la verdad - Fin de la negación del genocidio del pueblo armenio", que se publicó en el sitio web de la IHD el 24 de abril de 2017 con motivo del Día de la Memoria del Genocidio. En el llamamiento, la asociación de derechos humanos nombra los crímenes contra la nación armenia en el Imperio Otomano, de los que fueron víctimas alrededor de un millón y medio de personas, esencialmente entre 1915 y 1917, y exige que se reconozca y se asuma el primer genocidio sistemático del siglo XX, que Turquía sigue sin admitir a día de hoy e intenta cínicamente relativizar en su historiografía como una "medida de seguridad relacionada con la guerra". Según la fiscalía responsable, esta declaración constituye un delito penal de "denigración pública de la nación turca y del Estado turco".

La acusación en este procedimiento ha sido aceptada por la 24ª Sala Penal del Tribunal Regional de Ankara. El tribunal aún no ha fijado una fecha para el inicio del juicio.

Presuntas injurias al ministro del Interior

El tercer caso contra Öztürk Türkdoğan se refiere a un supuesto insulto al Ministro del Interior. La acusación se refiere a una declaración realizada por el IHD el 29 de junio de 2018, que contiene duras críticas a las declaraciones realizadas por Soylu en el período previo a las elecciones parlamentarias que habían tenido lugar poco antes. En él, se acusa a Soylu de difamar y calumniar públicamente como "terroristas" a una serie de personas que critican al Estado o expresan una opinión diferente a la oficial sobre temas sensibles o piden que se castiguen las violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades estatales. Además del político del HDP Selahattin Demirtaş, encarcelado desde finales de 2016, el ministro del Interior también acusó de terror a varias ONG y asociaciones profesionales como la IHD, el Colegio de Abogados y el Colegio de Médicos de Amed (tr. Diyarbakir), así como a la Cámara de Comercio e Industria. El político del AKP llegó a amenazar de muerte al presidente del HDP, Pervin Buldan.

La IHD declaró: "Si el Ministro del Interior de Turquía, en lugar de hacer justicia a su cargo, se comporta como el líder de una organización criminal, se expresa en consecuencia, se hace castigar con amenazas permanentes y los cargos correspondientes contra él quedan en nada, esto significa que el derecho a la vida, la integridad y la seguridad en este país ha sido completamente socavado. Estamos en un punto en el que los fiscales actúan como protectores de estas personas. Por lo tanto, ya no se puede hablar de justicia en Turquía".

La base de esta acusación contra Türkdoğan es el artículo 125/3 del Código Penal turco, según el cual no se puede atacar la dignidad, el honor o la reputación de un funcionario público mediante el insulto. Dado que el presunto insulto se dirigió a un miembro del parlamento y se cometió en público, el activista de derechos humanos se enfrenta a hasta cuatro años de prisión si es condenado. Está previsto que el juicio de este caso comience el 18 de febrero. El juicio se celebrará en la 60ª Sala de lo Penal del Tribunal de Distrito de Ankara.