La Rama Amed de la Asociación de Derechos Humanos (İHD) publicó su “Informe sobre las violaciones del derecho a la vida de los niños durante los conflictos armados entre 2011-2021” en una conferencia de prensa en su sede. Ezgi Sılademir, vicepresidente de la sucursal de İHD Amed, leyó el informe.

Sılademir indicó que 196 países firmaron la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aceptada por la Asamblea General de la ONU para la protección de las infancias, y agregó que Turquía reconoció la convención en 1990 y la puso en vigor en 1995. Sin embargo, Sılademir reveló que el estado tuco no ha aprobado los artículos 17, 29 y 30 que se refieren al derecho de los niños a la educación, la libertad de expresión y a promover libremente su propia cultura e idioma. 

Ella agregó: “No hay duda de que estas reservas de Turquía son contrarias al espíritu de la convención y constituyen un obstáculo para obtener el beneficio esperado de la misma. De hecho, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó a Turquía eliminar estas reservas en 2012. La Convención, que es el resultado de muchos años de trabajo, no es suficiente proteger a los niños de la violencia porque los estados signatarios no muestran suficiente atención para implementarlo. El derecho a la vida de los niños que no son parte en ningún conflicto ha sido violado durante los conflictos armados que han estado ocurriendo durante décadas en Turquía”.

Masacres infantiles

Sılademir proporcionó datos sobre niños cuyo derecho a la vida fue violado entre 2011 y 2021: “Un total de 228 niños perdieron la vida en este período de 10 años, el 78 por ciento de los cuales eran varones y el 22 por ciento niñas. 30 de quienes perdieron la vida tenían entre 0 y 5 años. Asimismo, el número de niños de entre 6 y 15 años que perdieron la vida es elevado. Los espacios de su vida que socializaban en las calles se han convertido en áreas donde morir. Se ve que el interés superior del niño y el derecho a vivir en un ambiente sano son completamente ignorados y violados".

Sılademir subrayó que las provincias con el mayor número de muertes son Şırnak, Amed, Hakkari, Mardin y Antep: “Cuando analizamos las causas de la muerte de 228 niños, 64 murieron como resultado de disparos por parte de agentes del orden y 62 murieron a causa de las bombas. El uso de armas por parte de los agentes del orden más allá de su autoridad viola el derecho a la vida de los niños, ya que deben usar las armas gradualmente y dentro de los límites definidos por la ley".

Período de ataques genocidas

Sılademir señaló que ha habido un aumento grave de las violaciones del derecho a la vida de los niños desde agosto de 2015, cuando comenzaron los toques de queda. “El hecho de que las autoridades administrativas y judiciales no lleven a cabo una investigación efectiva y justa sobre las violaciones del derecho a la vida de los niños y de capturar a los perpetradores y llevarlos ante un tribunal alienta a los agentes del orden a continuar con sus violaciones", indicó.

Y agregó: "Además de las violaciones del derecho a la vida de los niños durante los toques de queda, el maltrato contra ellos está lejos de los valores humanos básicos. Helin, quien fue asesinada a los 12 años, esperó en medio de una calle durante horas con heridas graves y perdió la vida porque una ambulancia no pudo ingresar a la calle. Los restos mortales de Cemile, que murió a los 13 años, se mantuvieron en un congelador durante días y el cadáver de Bünyamin, de 15 años, fue dejado en el patio de una mezquita. Las condiciones extraordinarias, incluidos los conflictos armados, no pueden citarse como excusa para violar el derecho a la vida de los niños".

Minas y vehículos armados

Sılademir subrayó que muchos niños murieron debido a los residuos de municiones, ya que las zonas militares están cerca de las residencias de civiles: “Los niños perdieron la vida como resultado de la explosión de municiones y materiales militares que quedaron en áreas residenciales. Aunque Turquía prometió limpiar las minas terrestres dentro de su territorio hasta 2014 de conformidad con la Convención OTTAWA de la que es signataria desde 2004, no se ha llevado a cabo ningún trabajo concreto para eliminarlas. Decenas de niños perdieron la vida, especialmente en las ciudades fronterizas, ya que no se retiraron las minas terrestres".

Sılademir enfatizó que una de las situaciones más amenazadoras para el derecho a la vida de los niños es la presencia de vehículos blindados en áreas residenciales civiles. “Hay muchas violaciones relacionadas con los vehículos blindados que chocaron a niños en sus áreas principales de vivienda, vecindarios y hogares. Muchos perdieron la vida a causa de los vehículos blindados en las ciudades de la región donde las precauciones de seguridad y las prácticas del estado de emergencia provocaron graves violaciones. Los vehículos blindados fueron utilizados en violación de la orden de tránsito, los oficiales no tienen conocimientos técnicos suficientes para conducirlos y ha habido una falta de diligencia debida al usar estos vehículos", indicó.

Sılademir declaró que los niños se vieron seriamente afectados por los asesinatos como resultado de los ataques con bombas: “La razón de este hecho es que la mayoría de los ataques con bombas tuvieron lugar en áreas públicas donde pasan tiempo. La mayoría de los que perdieron la vida durante los incidentes conocidos como el ataque a la boda de Antep y la masacre de Roboski eran menores. Es de conocimiento público que las personas que ostentaban el poder público tuvieron negligencia muy grave en ambos hechos. De acuerdo con los convenios internacionales y la ley de protección de la niñez, es obligación del Estado tomar todo tipo de medidas ya que tiene responsabilidad de primer grado.

Poner fin a las violaciones surgidas como consecuencia del conflicto armado relacionado con la cuestión kurda solo será posible mediante políticas pacíficas. Las nuevas políticas que promueven el lenguaje de la paz permitirán que los niños continúen su vida en un entorno seguro como todos los demás habitantes de la región. Sin embargo, los funcionarios públicos responsables de violaciones del derecho a la vida de los niños deben estar sujetos a una investigación penal y disciplinaria efectiva a través de un mecanismo de justicia restaurativa. Si las autoridades abandonan en una política de impunidad proteger a los funcionarios públicos que son perpetradores en las investigaciones penales y realizan todas las acciones necesarias para asegurar la justicia en el sentido real, el trauma causado por las violaciones se reducirá algo y se establecerá la justicia”.