El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, dictaminó por unanimidad y sin derecho a apelación, que la expulsión llevada a cabo por las autoridades españolas de dos ciudadanos subsaharianos a Marruecos poco después de la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad de Melilla, en 2014, se ajusta a la ley y no viola los derechos humanos de esas personas.

La sentencia afirma que "los demandantes se pusieron en situación de ilegalidad" al decidir "no utilizar los procedimientos legales que existían para entrar legalmente en el territorio español". Los 17 jueces fueron aún más lejos en sus consideraciones, diciendo que la expulsión de los migrantes era "una consecuencia de su propia conducta", haciendo así a las víctimas culpables de su propia suerte.

La expulsión de los dos emigrantes fue condenada en primera instancia, pero fue apelada por el Gobierno español, presidido en ese momento por el derechista Mariano Rajoy. El Partido Socialista Obrero Español condenó los hechos en su momento y la expulsión de los emigrantes, sin embargo el nuevo ejecutivo dirigido por el socialista Pedro Sánchez, no supuso el abandono del recurso ante el Tribunal de Estrasburgo.

El recurso del Gobierno español ha tenido el apoyo abierto de Francia, Italia y Bélgica, y abre la puerta a su aplicación a nivel de la UE, legalizando de hecho las expulsiones de emigrantes que han llegado a suelo europeo, sin establecer su momento ni circunstancias precisas.

El Tribunal Europeo no parece preocuparse por la suerte, la integridad física o los derechos humanos de las personas expulsadas, aspectos que no están contemplados en su sentencia, y en ese sentido también permitiría la expulsión de emigrantes a países vecinos, como Marruecos, Libia o Turquía , que son constantemente denunciados por sus malos tratos, encarcelamiento y represalias contra los emigrantes en su camino hacia la UE.