Tras el ataque contra el restaurante Huqqabaz en Hewlêr (Erbil) el pasado 17 de julio, dirigido contra trabajadores del MIT (La Agencia Nacional de Inteligencia de Turquía) y saldado con tres muertos, las fuerzas de seguridad del Partido Democrático del Kurdistán (KDP) cerraron todos los caminos al campamento de Makhmur, que permanece rodeado y bajo embargo desde entonces.

Las fuerzas de seguridad del Gobierno Regional del Kurdistán iraquí (KRG) han impusto restricciones arbitrarias contra los movimientos de la mayor parte de residentes en el campamento desde mediados de julio, denuncia Human Rights Watch.

“Las autoridades no pueden castigar a todos los residentes del campamento por el simple hecho de que algunas personas simpaticen con el PKK cuando no hay ninguna evidencia de que hayan llevado a cabo el ataque”, ha dicho Sarah Leah Whitson, directora de Human Rights Watch en Oriente Medio. “Estas restricciones arbitrarias contra los residentes del campamento les impiden encontrar trabajo y recibir la asistencia médica necesaria.

El campamento, a 60 km al sur de Erbil, acoge alrededor de 12.000 ciudadanos turcos de etnia kurda. La mayoría emigraron del sur de Turquía, de Bashur, entre 1993 y 1994, cuando el ejército turco obligó a que cientos de miles de kurdos abandonaran sus poblaciones durante el conflicto con el PKK. En 2011, las autoridades iraquíes y ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, registraron oficialmente el lugar como campamento de refugiados y las autoridades iraquíes garantizaron a los residentes el estatus de refugiados.

Cinco residentes han explicado a Human Right Watch que tienen los documentos y los permisos para abandonar el campamento, pero que las fuerzas de seguridad les han impedido el paso en el primer punto de control de la carretera a Erbil y otras ciudades de la Región del kurdistán. Otro residente ha dicho que perdió su trabajo a causa de estas restricciones y que no puede conseguir. Todos han denunciado que solo los estudiantes y algunas pocas personas que han tenido que ser trasladadas a hospitales han podido pasar.

Otra residente ha explicado que las fuerzas de seguridad le permitieron pasar el primer punto de control, pero que al llegar al segundo, cercano a Erbil, le obligaron a dar media vuelta.

Una médico de la clínica del campamento ha dicho que ella ha intentado, repetidamente y sin éxito, transferir un buen número de casos a hospitales de Erbil a causa de las limitadas opciones de tratamiento de la clínica: “Los asayish nos dijeron que no confiaban en las peticiones de nuestra clínica. Pero después conseguimos hacer estas peticiones desde el hospital de Makhmur, que también tiene recursos limitados, y también las rechazaron”.

Otra mujer ha contado que la noche del 8 de agosto, cuando estaba embarazada de seis meses, su esposo la llevó a la clínica del campamento después de que empezara a sangrar abundantemente. El médico dijo que necesitaba ir a un hospital en Erbil para ser atendida de urgencia. Como el campamento no dispone de ambulancia, la llevó su esposo en coche. Pasaron por tres puntos de control, pero en el último les dieron el alto.

“Un oficial le dijo a mi marido que en los puntos de control tenían órdenes de no permitirle el paso a nadie que viniera del campamento y se dirigiera a Erbil. Estaba en el coche perdiendo sangre, pero el oficial me miró y dijo que estaba bien”, denuncia. Finalmente, sufrió un aborto y perdió el bebé en el camino de regreso. “Fue un momento muy triste, sentí que me podía morir y que no le importaría a nadie. Desde entonces todavía no he recibido ningún tratamiento médico adecuado”.

HRW ha subrayado que “La KRG tiene obligaciones internacionales que pasan por garantizar que cualquier persona en su territorio pueda eligir su lugar de residencia y moverse libremente. Bajo el derecho internacional, solo puede limitar estos movimientos –nacionales o no– si la restricción está “contemplada por la ley (…) y es necesaria con el fin de proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o los derechos y libertades de otros”. Además, estas restricciones no pueden ser discriminatorias.

“No debería ser necesario que las madres pierdan a sus bebés para que las autoridades de la KRG se den cuenta de que estas restricciones son excesivas”, ha denunciado Whitson.