En la prisión tipo F de Kürkçüler, en Adana (Kurdistán turco), se siguen poniendo trabas al tratamiento de los presos enfermos debido a una nueva imposición de un “registro oral”.

Un preso político con la enfermedad de Crohn, Fatih Özgür Aydın, escribió una carta sobre las violaciones de derechos que experimentan, y llamó la atención sobre el hecho de que no podían ser trasladados al hospital debido a este registro arbitrario, y que sus condiciones de salud se estaban deteriorando.

Aydın dijo que tenía diarrea constante, que había perdido peso, que le habían aparecido quistes en la pelvis y en la mano derecha, y que sus dolores de pecho habían empeorado.

‘¡Intento de asesinato!’

Aydın escribió que cinco personas se estaban alojando en un pabellón de tres y que casi todos tenían algún problema de salud. Dijo que su amigo Ercan Yıldız tenía una hernia discal, celiaquía, presión arterial y dolencias cardíacas, y un amigo llamado İbrahim Algan tenía problemas de estómago, ojos y piel.

Señalando que se impidieron las derivaciones al hospital con el argumento de un “registro oral”, Aydın escribió: “Nos registran los guardias manualmente y con detectores a la salida de la celda. Nos hacen radiografías y luego nos registran de nuevo. También nos registran manualmente los soldados, que luego nos piden que nos quitemos las mascarillas, abramos la boca y saquemos la lengua. Les decimos que esta práctica es arbitraria y humillante, que si el problema es de seguridad, puede venir un soldado a mirar la máquina de rayos X, pero no lo aceptan. También que quitarnos la mascarilla, abrir la boca y sacar la lengua en tiempos de Covid-19 es en realidad una violación de las medidas de prevención impuestas. Esta práctica para nosotros significa en realidad un intento de asesinato dados nuestros problemas de salud”.

Aydın dijo que si los presos no aceptan este registro invasivo no son llevados al hospital.

Aydın dijo: “El día de mi juicio, me presenté ante los soldados para un registro. ‘Abre la boca’, me dijeron. Cuando me negué, me dejaron ir. Esto demuestra que, de hecho, esta práctica es ilegal y que no insisten en llevarla a cabo cuando nos llevan al tribunal”.

Aydın subrayó que el Ministerio de Justicia, el Mando del Batallón de la Gendarmería Penitenciaria y el fiscal serán los responsables de cualquier problema que pudieran tener a causa de estos malos tratos.