El gobierno turco ha introducido un nuevo paquete legislativo. Los "delitos de terrorismo" están exentos, el asesinato, el tráfico de drogas y la violencia sexual en particular se tratarán como delitos menores. Por ejemplo, una persona que ha recibido 20 años por asesinato solo tendrá que permanecer en una prisión cerrada durante tres años y cinco meses. Una persona que ha recibido doce años y seis meses por tráfico de drogas debe salir de la prisión cerrada después de cinco meses. En el caso de una pena de prisión de diez años por violencia sexual, el delincuente puede ser puesto en libertad después de sólo nueve meses.

En una entrevista con ANF, la abogada Elif Taşdöğen de la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD), habló sobre el nuevo paquete legislativo.

La nueva ley de cumplimiento se llama amnistía encubierta. En tu opinión, ¿es esto cierto?

Para hacer una evaluación correcta, es necesario mirar hacia atrás en una regulación. La Ley N° 7242, sancionada el 14 de abril de 2020, modificó la Ley de Aplicación 5275. Esta nueva regulación violó el principio de igualdad y la prohibición de discriminación consagrados en la Constitución. Además, se introdujeron nuevas normas que otorgaron facultades muy amplias a las administraciones penitenciarias. La razón por la que señalamos esto al principio es lo que se puede esperar de la ley que se creó sobre la base de estas contradicciones anteriores. En un momento de crisis como la pandemia, se promulgó una ley que distinguía a los presos y presas. El derecho a la vida se adscribía y moldeaba a las personas según la naturaleza del delito por el que estaban encarceladas. Aunque todos los presos corrían el mismo riesgo de pandemia, esta norma fue promulgada en violación del principio de igualdad. Todos los presos políticos, aunque entre ellos había muchos presos gravemente enfermos, estaban exentos de esta aplicación y no fueron liberados. Muchos presos enfermos perdieron la vida a causa de esto. El paquete legislativo presentado al Parlamento el 12 de julio de 2023 es una continuación de la Ley de Ejecución Discriminatoria y profundiza el régimen de ejecución discriminatoria contra los presos políticos.

Las largas sentencias de prisión por asesinato, violencia sexual y tráfico de drogas se reducirán masivamente bajo el paquete. ¿A qué conduce esto?

Si nos fijamos en la definición en el derecho penal, dice que la prisión es “la sanción por una conducta tipificada en la ley como delito. La pena se impone para complacer al infractor y para evitar que vuelva a delinquir (disuasión)…” Por supuesto, no se trata solo de disuasión. Será necesario considerar otros objetivos porque se hará evidente que el régimen es contrario a la finalidad del derecho penal en su conjunto. El segundo propósito de las sanciones es acomodar a la otra parte, es decir, a la parte perjudicada. El tercer propósito es reintegrar a las personas condenadas a la sociedad. Si observamos el régimen actual, podemos predecir claramente que es incompatible con el propósito del derecho penal y tendrá consecuencias muy riesgosas. En primer lugar, el efecto disuasorio, que es el objetivo principal de las sentencias, desaparecerá. Además, las personas que pensaban que serían sentenciadas a una pena severa llegaron a acuerdos extrajudiciales con las partes lesionadas o sus familias antes de ser sentenciadas. Esto permitió a las víctimas obtener sus derechos sin tener que presentar una demanda por compensación. Tales acuerdos ya no serán posibles porque con esta ordenanza, los acusados ​​casi nunca serán encarcelados. En otras palabras, las sanciones dejarán de tener un efecto disuasorio. Además, las personas que entienden el sistema de impunidad pensarán en tomarse la justicia por su mano. Esto sacudirá la dinámica de la sociedad. 

Están exentos de estas normas las personas acusadas según los "párrafos sobre terrorismo", que se dirigen especialmente contra políticos, políticas y periodistas. ¿Por qué?

De hecho, tras cada nueva normativa, vemos muy claro que todos los presos que vienen de la oposición quedan excluidos del ámbito de aplicación. El gobierno actual quiere tener una población intimidada y temerosa. Quiere una sociedad donde nadie levante la voz contra sus normas y leyes, que tenga que aceptar todo como quiera el gobierno. No quiere ver una población que cuestione las ilegalidades y luche contra ellas si es necesario. En consecuencia, el gobierno continúa con su régimen opresor para crear una sociedad sumisa. Para ello, utiliza como herramienta el ordenamiento jurídico.

Dado que este enfoque se ha vuelto permanente, se está violando uno de los artículos más importantes de la constitución, el "principio del estado de derecho". También cabe señalar que el aparato estatal es responsable de la confianza de los ciudadanos en el poder judicial. El poder judicial debe responder a las expectativas reales de la sociedad y no al actual proyecto de ley. En su forma actual, este borrador necesita una renovación integral debido a las desigualdades e injusticias que contiene, así como al inherente derecho penal enemigo del estado turco. Es imperativo derogar las normas que conducen a un doble rasero en la detención. La reducción de la pena de prisión debe estar en consonancia con el derecho a la esperanza. Se deben crear cambios reales y duraderos para los presos enfermos. Todo esto debe hacerse sobre el principio de igualdad.

Nosotros, los abogados y abogadas, defensores de los derechos humanos, los activistas y todas las personas marginadas debemos hablar con una sola voz y unirnos en la lucha común contra esta y todas las demás leyes similares que afectan a toda la sociedad.