El memorándum trilateral firmado el 28 de junio de 2022 como resultado de las negociaciones dirigidas por la OTAN entre Turquía, Suecia y Finlandia dice mucho, entre otras cosas, sobre el funcionamiento y la estructura de la política de criminalización contra el pueblo kurdo, que viene de lejos. A diferencia de la primera, esta segunda fase de criminalización, centrada en Suecia, tuvo lugar ante los ojos del mundo entero. Todos nos convertimos en espectadores del regateo sobre el destino de un pueblo tratado como moneda de cambio.

El asesinato de Olof Palme y sus consecuencias

Es necesario destacar el especial papel de Suecia en el inicio de la política de criminalización contra el pueblo kurdo, en cuyo centro se encuentra el PKK. Inmediatamente después del asesinato del Primer Ministro sueco Olof Palme, el 28 de febrero de 1986, se planteó la tesis de una "implicación kurda" en el caso de asesinato y se iniciaron investigaciones contra los kurdos. Como resultado, la comunidad kurda que vive en Suecia y todos los kurdos que viven en la diáspora quedaron bajo sospecha general.

No sólo los kurdos encarcelados en Suecia, sino también sus familiares y todo su entorno social experimentaron una grave exclusión, marginación y presión psicológica. La medida en que este enfoque del Estado traumatizó a la comunidad kurda que vivía en Suecia todavía se puede sentir en las conversaciones con la gente hoy en día, a pesar de los muchos años que han pasado.

La declaración del Ministro de Asuntos Exteriores sueco de que no habrá "caza de kurdos" tras el memorando trilateral demuestra que hay una gran conciencia de las consecuencias para la sociedad kurda del enfoque represivo adoptado tras el asesinato de Olof Palme.

El 10 de junio de 2020, el jefe de la policía sueca que dirigió la investigación del asesinato de Olof Palme cerró el expediente afirmando que no se había encontrado ningún "rastro kurdo" en el asesinato. Está claro que la declaración hecha en esta reunión de que el PKK es una organización que lucha por la libertad contra Turquía no es suficiente para deshacer el daño de 34 años de política contra los kurdos.

En el momento del asesinato de Palme, la lucha por la libertad de los kurdos estaba todavía en sus inicios. La acusación de que el PKK era responsable del asesinato de un político popular como Palme, que era respetado por la gente progresista, desencadenó acontecimientos cuyas consecuencias aún se sienten hoy. Desde entonces, la lucha por la libertad kurda y las reivindicaciones del pueblo kurdo por los derechos democráticos se han criminalizado y se les ha dado un sello de terror.

La política de criminalización sueca

Parece que el Estado sueco prefiere borrar el asesinato de Palme de su propia memoria colocándolo en la sección de "asesinatos sin resolver". Al hacerlo, también evita abordar el dolor infligido a la comunidad kurda por su gestión de este asesinato. Prefiere fingir que todo no sucedió así y que ya se ha olvidado todo. Pero la experiencia ha demostrado que la criminalización no se olvida en la vida real, sino que persiste continuamente y, por tanto, los kurdos siguen siempre en el punto de mira.

La práctica sueca de criminalización contra la comunidad kurda se centra en dos ámbitos. El primer ámbito se refiere al derecho de residencia. Recientemente, el caso de la mujer kurda Zozan K. estuvo en la agenda. Está casada con un ciudadano sueco y es madre de dos hijos. No obstante, se le denegó el derecho de residencia y se le devolvió a Bélgica. La razón decisiva fue la clasificación como peligro para la seguridad nacional por parte de la policía de seguridad, el servicio nacional de inteligencia (Säkerhetspolisen, Säpo para abreviar). No se han explicado los motivos de esta valoración y no ha sido posible formular ninguna objeción.

El diario sueco ETC informó de que al menos 38 kurdos fueron deportados en 2021 debido a la evaluación vaga y ambigua de la Säpo. Según otras informaciones, la Junta de Migración remitió 992 casos similares al Säpo entre 2015 y el 31 de octubre de 2021. De estas estadísticas se desprende que en 2019 y 2021, la mayoría de los casos fueron remitidos al Säpo.

Según la sentencia precedente del Tribunal de Apelación de Inmigración de Suecia del 16 de abril de 2021, una persona que suponga una amenaza para la seguridad puede ser deportada a pesar de los vínculos familiares. Sin embargo, algunas sentencias del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) han estipulado que la acusación debe formularse de forma concreta antes de la deportación y las evaluaciones de inteligencia deben contener pruebas suficientes que puedan soportar un examen crítico.

El mismo régimen amenazó a los países europeos con el EI, lo que provocó sangrientos atentados en Europa que sólo terminaron cuando el EI fue derrotado a un gran coste por los kurdos. No debemos olvidar que Suecia ha negociado con un régimen que no reconoce las decisiones del CEDH y de otros tribunales internacionales y niega la ausencia de derecho y justicia en su propio país.

 

Mahmut Şakar

Un segundo ámbito es el de la ciudadanía. Este número ofrece una visión muy reveladora para entender la actitud de Suecia hacia los kurdos, especialmente hacia Rojava. Una decisión del gobierno sueco de 4 de septiembre de 2004 establece que las personas que "pertenecen o han participado en organizaciones que han cometido violaciones sistemáticas, generalizadas y graves, como torturas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales" sólo pueden adquirir la ciudadanía sueca 25 años después de haber abandonado estas organizaciones. El Consejo Sueco de Migración ha elaborado una lista de organizaciones cuyos miembros se ven afectados por esta normativa. Entre ellos están el PYD (Partido de la Unidad Democrática), las YPG (Unidades de Defensa del Pueblo) y las SDF (Fuerzas Democráticas Sirias).

Aunque no hay resultados de investigaciones ni acusaciones que demuestren que el PYD, las YPG y las SDF cometieron estos graves delitos, y aunque las personas que solicitan la ciudadanía no eran activas en ninguna de estas organizaciones, se les niega la ciudadanía. Para ello, se renuncia al examen individual y sólo se tiene en cuenta la participación en concentraciones de solidaridad con Rojava en Suecia. 

Esta normativa contrasta con un discurso de la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Ann Linde, en el que formuló: "Las SDF son un socio importante de la Coalición Internacional contra el ISIS, de la que Suecia también es miembro. Las fuerzas del SDF han estado en el centro de nuestra lucha común contra el IS, que aún no ha terminado. Tenemos un gran respeto por sus sacrificios. Más de 11.000 personas han perdido la vida en la lucha contra la organización terrorista".

Algunas fuentes atribuyen esta actitud de Suecia a la proximidad de las organizaciones en cuestión con el PKK y al hecho de que el PKK está en la lista de terroristas de la UE. Pero parece más acertado ver esta actitud como una versión actualizada de la "caza del kurdo" que comenzó tras el asesinato de Palme y que ha continuado sin interrupción desde entonces.

Suecia 2.0

En este contexto, si observamos el memorando trilateral del 28 de junio de 2022, podemos concluir que Suecia, en particular, reforzará aún más su práctica de criminalización.

La afirmación de los representantes suecos tras la firma de este memorando de que no cedieron a las presiones de R. T. Erdoğan y no comprometieron la democracia es deshonesta. Los comentarios que adoptan la postura de que este memorándum no cambiará nada en la práctica y que el gobierno turco no ha logrado sus objetivos también son un autoengaño.

Es indiscutible que Turquía tiene un régimen autoritario en el sentido de una "dictadura unipersonal". Es más exacto decir que Turquía está llevando a cabo una política fascista y genocida. La guerra, la violencia y la agresión emanan de este régimen. Se está extendiendo desde Siria hasta Libia, Armenia e Irak.

Sin embargo, la verdadera cara de este régimen se muestra en su política genocida de exterminio contra los kurdos. La destrucción de decenas de ciudades kurdas en el Kurdistán del Norte en 2015-2016, la quema de más de 200 jóvenes en los sótanos de estas ciudades, el apoyo al IS y a otras fuerzas salafistas en su lucha contra los kurdos de Rojava, la ocupación de los dentro de Rojava, la ocupación de Efrîn, Serêkaniyê y Girê Spî, la limpieza étnica en estas zonas, la progresiva ocupación militar y política del Kurdistán del Sur, los ataques selectivos contra Mexmûr y Şengal y los ataques diarios con drones contra la sociedad kurda son elementos de esta política de destrucción. Está claro que el principal objetivo del Estado turco es expulsar y exterminar a los kurdos allí donde se encuentren.

Esta política descrita es inequívoca mientras se negocia con este régimen y se dice descaradamente: "Compartimos las preocupaciones de Turquía". Con esta actitud, uno se convierte en socio de la política genocida de Turquía. Lo que se llama "preocupaciones de Turquía" no es más que la aplicación práctica del mapa del genocidio planificado mostrado por Erdoğan en la Asamblea General de la ONU. Como resultado de estas supuestas "preocupaciones comunes", Afrîn se ha convertido en un lugar donde se alojan los líderes del IS. En los informes de la Comisión Especial de la ONU sobre Siria, se puede leer sobre los horribles asesinatos, la limpieza étnica, las violaciones, los secuestros, las extorsiones, el saqueo de lugares religiosos y tumbas, la destrucción de olivos, las confiscaciones, etc. en Efrîn. Esta política no se contradice y se da luz verde a la ocupación de nuevos territorios aludiendo a los supuestos problemas de seguridad de Turquía.

Sobre la base del memorando, el pueblo kurdo va a ser entregado a una de las potencias más brutales de la actualidad ante los ojos de la opinión pública mundial, en referencia al PKK, el PYD y el YPG. Hasta qué punto Turquía lo conseguirá es otra cuestión, pero con este memorando quieren deslegitimar la lucha legítima del pueblo kurdo. La criminalización ya apunta a este objetivo. Además, se ha allanado el camino para una persecución aún más brutal del pueblo kurdo.

La criminalización del kurdismo es ilegítima

Es moral y políticamente inaceptable que Suecia y Finlandia negocien la existencia del pueblo kurdo con el régimen más ilegítimo y brutal del mundo actual. Sin embargo, este proceso nos muestra que la política de Suecia y otros países respecto a la lucha del pueblo kurdo por sus derechos democráticos no es legal, justa y legítima. Más bien, esta política se lleva a cabo en el marco de un discurso de criminalización y terror. Es obvio que no se puede aceptar la sucia política aplicada en el transcurso del memorando del 28 de junio bajo la apariencia de acusaciones de terror contra los kurdos. Esto también se aplica a los acuerdos políticos totalmente ilegítimos que se celebraron de forma similar en el pasado.

No sabemos qué fuerzas y acontecimientos han contribuido a culpar del asesinato de Palme a un pueblo que actualmente está más privado de sus derechos. Tampoco sabemos con detalle quién fue exactamente el responsable de la decisión de acusar a estas personas del asesinato de Palme y de insistir en esta acusación durante 34 años. Pero una mirada al pasado reciente alimenta la sospecha de que estos acontecimientos fueron impulsados por la OTAN.

Podemos suponer que se están produciendo procesos similares en otros países que han incluido al PKK en su lista de terroristas. Por ejemplo, Erdoğan visitó por primera vez Australia el 6 de diciembre de 2005, y posteriormente Australia incluyó al PKK en su lista de organizaciones terroristas el 17 de diciembre de 2005. Lo mismo ocurrió en Nueva Zelanda. ¿Por qué este país, en el que viven muy pocos kurdos, incluyó al PKK en su lista de organizaciones terroristas el 10 de febrero de 2010?

Europol afirma en un informe de 2021 que el PKK no ha cometido ningún acto violento en Europa. Se pueden encontrar declaraciones similares en sus informes anteriores. En su evaluación de la amenaza terrorista en 2017, el NCT (Centro Nacional de Evaluación de la Amenaza Terrorista), que incluye a todos los servicios de inteligencia suecos, concluyó que el PKK no tenía intención de cometer actos violentos en Suecia que pudieran clasificarse como atentados terroristas. Esta valoración se ha mantenido hasta hoy. La justificación de Australia para la inclusión del PKK en la lista de terroristas incluye también la afirmación de que el PKK no representa ninguna amenaza para la población australiana. Sólo ignorando todas las consideraciones lógicas y legales pudo el gobierno australiano llegar a la conclusión de que los ciudadanos australianos de vacaciones en Turquía están potencialmente en riesgo de ser atacados.

Lo mismo ocurre con Nueva Zelanda. ¿Por qué se aborda repetidamente al PKK en el contexto del "discurso terrorista" cuando es evidente que no ha cometido ningún acto de violencia ni supone ninguna amenaza, tanto en los países que han suscrito la lista de terroristas de la UE como en los que tienen su propia lista?

El memorando trilateral puede darnos una respuesta actualizada a estas cuestiones. Porque la presión de la OTAN y las inmorales negociaciones con Turquía son las verdaderas razones. En este contexto, ni los argumentos jurídicos ni las leyes y reglamentos que se centran en el "discurso del terrorismo" tienen ningún valor real. El hecho de que la prohibición se haya mantenido en Alemania como una obligación constitucional desde 1993, a pesar de los cambios de gobierno, es una prueba de que no se considera necesario un discurso legal y objetivo, ni una acción consecuente.

En resumen, todo el público progresista debe observar y documentar cuáles serán las consecuencias de la nueva versión sueca 2.0 de la política de criminalización. El grado en que este memorando aumentará y ampliará la violencia contra los kurdos también debería incluirse en este proceso de seguimiento. A cambio de que Turquía acepte entrar en la OTAN, Suecia y Finlandia dan luz verde a todo tipo de ataques contra los kurdos, especialmente contra Rojava.

Tras la aprobación del memorándum, ahora nos enfrentamos a la tarea de denunciar y oponernos a la práctica de la prohibición del PKK y a la criminalización derivada de ella como resultado de las sucias negociaciones. Es fundamentalmente importante no entender la prohibición y la criminalización como un nuevo ámbito de lucha, sino convertirlo en la cuestión principal del pueblo kurdo y de la solidaridad internacionalista con el pueblo kurdo y reforzar las luchas en curso en este sentido.

Mahmut Şakar es miembro de la junta directiva de la Asociación de Colonia para la Democracia y el Derecho Internacional (MAF-DAD e.V.) y antiguo defensor de Abdullah Öcalan. Este artículo apareció por primera vez en el número de septiembre/octubre de Kurdistan Report.