Ahmet Şiray, co-presidente de en Êlih (Batman en turco) de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) de Turquía, ha analizado las dimensiones legales de las conversaciones en Turquía tras el llamamiento de Abdullah Öcalan a la paz y una sociedad democrática. Afirmó que, tras este llamado, el Estado turco debe mover ficha e implementar las reformas legales necesarias, reevaluando la situación jurídica de Öcalan.

Para lograr una paz permanente en Turquía, infundir esperanza de paz entre sus pueblos y garantizar la participación de todos los sectores en el proceso, es necesario eliminar las barreras legales y estructurales que impiden la participación de las partes clave.

Şiray enfatizó que el nuevo proceso, que comenzó con el gesto del líder del Partido de Acción Nacionalista (MHP), Devlet Bahçeli, de saludar a los co-presidentes del Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (Partido DEM) en el Parlamento el 1 de octubre de 2024, ha reavivado la esperanza de paz en Turquía y Oriente Próximo. Afirmó: “Para el Estado, este problema ha persistido durante 41 años; para el pueblo kurdo, ha sido una lucha durante un siglo. Es bien sabido que el asunto debe abordarse y resolverse con la participación directa de las partes clave. Tanto la opinión pública turca como la comunidad internacional esperaban con impaciencia una declaración del líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan. Este esperado llamamiento se produjo el 27 de febrero y recibió una importante cobertura en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Numerosos Estados y organizaciones expresaron su satisfacción con este acontecimiento. Además, la respuesta del PKK al llamamiento de Öcalan tan solo dos días después reforzó aún más las esperanzas de paz. Sin embargo, lograr una paz duradera depende de la buena voluntad de todas las partes implicadas. El verdadero reto reside en la voluntad del Estado de crear las condiciones necesarias e implementar las medidas legales necesarias de conformidad con los acuerdos internacionales.

Uno de los debates jurídicos clave de los últimos años ha sido el derecho a la esperanza, el principio según el cual incluso quienes cumplen cadena perpetua deben tener la posibilidad de recuperar su libertad. Este derecho ya había sido abordado por diversos órganos del Consejo de Europa incluso antes de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitiera sentencias al respecto. Tanto el Comité de Ministros del Consejo de Europa como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) han enfatizado que las personas condenadas a cadena perpetua deben tener la oportunidad de obtener la libertad anticipada. Estas instituciones han insistido en la necesidad de implementar programas de rehabilitación significativos en las prisiones para facilitar su reintegración social. Todo preso debe tener la esperanza de una futura liberación, y los Estados deben introducir normas legales para garantizar este derecho.

Öcalan fue llevado a Turquía el 15 de febrero de 1999 y condenado a muerte el 29 de junio de 1999, en virtud del artículo 125 del antiguo Código Penal turco. Su pena fue posteriormente conmutada por cadena perpetua agravada, pero una enmienda legal en 2002 le impidió optar a la libertad condicional. Tras una apelación ante el TEDH, el tribunal falló en contra de Turquía, citando sus sentencias precedentes sobre el derecho a la esperanza. El tribunal concluyó que ‘una cadena perpetua ejecutada sin posibilidad de excarcelación viola el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos’. A pesar de esta sentencia, Turquía aún no ha promulgado ninguna normativa legal que aborde la cuestión. Si bien el derecho a la esperanza ha seguido siendo un tema clave en la política kurda, fue planteado por primera vez por Devlet Bahçeli, socio de coalición del gobierno.

El 22 de octubre de 2024, durante la reunión del grupo parlamentario de su partido, Bahçeli hizo una contundente declaración: ‘Si se levanta el aislamiento, que venga a hablar en la reunión del grupo parlamentario del Partido DEM. Que declare que el terrorismo ha terminado por completo y que la organización está disuelta. Si demuestra tal determinación y decisión, se deben promulgar las normas legales necesarias sobre el derecho a la esperanza, y se le debe abrir el camino para que se beneficie de él’.

Esta declaración puso claramente de manifiesto que uno de los principales obstáculos para una paz duradera es la falta de reformas legales relativas al derecho a la esperanza. Para lograr una paz permanente en Turquía, infundir esperanza de paz entre sus pueblos y garantizar la participación de todos los sectores en el proceso, es necesario eliminar las barreras legales y estructurales que impiden la participación de las partes clave. Esto requiere la revisión de la Ley de Ejecuciones para que se ajuste a las normas jurídicas internacionales. Además, para garantizar un proceso más sano y facilitar el diálogo entre todas las partes, se debe garantizar a Öcalan y a todos los presos y presas en condiciones similares el derecho a la esperanza”.

Se necesita una enmienda constitucional para crear un marco legal más pluralista y democrático. El país necesita una nueva Constitución inclusiva que se adhiera a las normas jurídicas universales y proteja los derechos de todas las minorías.

Ahmet Şiray enfatizó que el nuevo proceso entre las partes debe estar respaldado por reformas legales para lograr una paz duradera. Şiray declaró: “El paso más crucial es la eliminación total de todas las restricciones a la libertad de pensamiento y expresión. Deben promulgarse normas legales que cumplan con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del cual Turquía es signataria. Una de las principales razones por las que el anterior proceso de paz se desmoronó en conflicto fue que las declaraciones y expresiones utilizadas durante el proceso fueron posteriormente criminalizadas. Como resultado, miles de políticos y políticas fueron detenidos, arrestados y condenados ilegalmente. Incluso hoy, continúan los juicios basados en las expresiones utilizadas durante ese período.

Si el Estado está verdaderamente comprometido con el establecimiento de la paz, el primer paso debe ser la implementación de reformas legales y judiciales de conformidad con los principios de la democracia y el Estado de derecho. Para garantizar una paz duradera, el proceso debe llevarse a cabo de forma transparente en la Gran Asamblea Nacional de Turquía (TBMM), con garantías legales para proteger los derechos de todas las partes involucradas”.

Recalcando la urgente necesidad de activar el sistema legal existente e introducir nuevas leyes, Şiray declaró: “Independientemente de si el proceso de paz avanza con éxito, la Constitución de la República de Turquía define al país como un Estado social regido por el estado de derecho. Para mantener esta definición, las leyes y regulaciones deben estar en consonancia con la Constitución y los acuerdos internacionales que Turquía ha ratificado. Para que el proceso de paz avance y tenga éxito, el Estado debe implementar las reformas legales necesarias para crear las condiciones adecuadas para el diálogo y la resolución, y efectuar cambios en la Ley Antiterrorista”.

Şiray afirmó que “la opinión pública kurda tiene cada vez más expectativas de que se implementen ciertas reformas legales para cumplir con el llamamiento de Abdullah Öcalan del 27 de febrero. En caso de que el PKK se desarme o se disuelva, persiste una pregunta importante: ¿Qué pasará con los miles de presos y presas políticos y miembros condenados o procesados de la organización que se encuentran actualmente en prisión? El Estado debe aclarar esta cuestión en el marco del Parlamento e introducir reformas legales sustanciales, en particular en la Ley Antiterrorista (TMK).

Si se produjera una disolución, el Estado tendría que definir la situación de los miembros actuales y el proceso legal que seguiría. Para que se establezca la paz, ambas partes deben actuar de buena fe y tomar medidas sinceras para lograr una solución. Las leyes y el marco legal actuales no satisfacen las expectativas de la sociedad, lo que hace aún más urgentes las reformas necesarias.

Se necesita una enmienda constitucional para crear un marco legal más pluralista y democrático. El país necesita una nueva Constitución inclusiva que se adhiera a las normas jurídicas universales y proteja los derechos de todas las minorías. Garantizar que el proceso de paz llegue a una conclusión significativa depende de que ambas partes adopten las medidas necesarias para el diálogo y la resolución”.

Si las leyes en Turquía se aplicaran de acuerdo con los principios de justicia, todos los políticos y políticas actualmente en prisión estarían hoy en libertad.

Şiray enfatizó que se debe seguir una hoja de ruta legal para que el proceso de paz avance. Continuó: “En realidad, aunque la Constitución y las leyes vigentes son inadecuadas, las sentencias y el enjuiciamiento de políticos siguen careciendo de fundamento legal. Si las leyes en Turquía se aplicaran de acuerdo con los principios de justicia, todos los políticos y políticas actualmente en prisión estarían hoy en libertad. Sin embargo, debido a la instrumentalización del sistema judicial, decenas de miles de políticos y políticas se encuentran entre rejas o enfrentan juicios en curso.

Según la IHD, al menos 1.700 presos enfermos, incluidos aproximadamente 600 en estado crítico, permanecen en prisión. Es necesario introducir de inmediato regulaciones legales para garantizar su liberación y que puedan continuar su tratamiento en hospitales totalmente equipados. Deben abolirse los Centros de Observación y Clasificación, así como el Reglamento sobre la Evaluación de Condenados, que entró en vigor el 1 de enero de 2021. Además, deben anularse todas las decisiones tomadas por la Administración Penitenciaria y los Comités de Observación, y los presos y presas que se han ganado el derecho a la libertad condicional deben ser liberados como un verdadero avance.

Como gesto de buena voluntad para abrir camino a la política democrática, es esencial la liberación de todas y todos los presos políticos, empezando por los ex co-presidentes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ. Sus juicios deben llevarse a cabo con imparcialidad y las sentencias absolutorias deben dictarse en consecuencia. Además, para garantizar la liberación de todos los presos y las presas políticos y que quienes participan activamente en este proceso no sean procesados posteriormente por sus declaraciones, es necesario establecer una salvaguardia legal en el Parlamento. Sin esta medida, las leyes vigentes podrían volver a ser interpretadas arbitrariamente, lo que provocaría una nueva ola de arrestos contra políticos y políticas kurdos.

Además, si se implementaran las sentencias del Tribunal Constitucional y del TEDH, casi todos los políticos y políticas encarcelados serían liberados. Sin embargo, el simple cumplimiento de estas sentencias no es suficiente; todos los partidos políticos deben unirse para promulgar leyes más democráticas y justas a través del Parlamento. En este proceso, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las cámaras profesionales, los colegios de abogados, los empresarios y todas las personas con sentido de responsabilidad deben desempeñar su papel. Si todos cumplen con su deber, el proceso puede avanzar sin obstáculos y alcanzar una conclusión exitosa”.

Todas las comunidades afectadas por el conflicto, especialmente las que han sufrido, deben ser escuchadas, y sus propuestas deben ser consideradas.

Ahmet Şiray enfatizó la necesidad de reformas legales en el derecho interno turco para impulsar el proceso. Declaró: “Si el proceso se desarrolla como se espera, no solo Turquía, sino todo Oriente Próximo verá el fin de la guerra, el conflicto y la rebelión, reemplazados por un ambiente de paz y estabilidad. Todos los segmentos de la sociedad turca, independientemente de su tamaño o influencia, deben asumir su responsabilidad y contribuir a este proceso.

Para alcanzar la paz al final de este proceso, es necesario escuchar las voces de quienes han sufrido y han sido marginados a lo largo de los 103 años de historia de la República. Sus demandas deben ser reconocidas. Si se avanza hacia la reconciliación social, estas medidas deben ser transparentes y justas, y llevarse a cabo en el marco del Parlamento. Sin confrontar el pasado y abordar el daño infligido a la sociedad turca y al pueblo kurdo, será extremadamente difícil mantener vivas las expectativas y esperanzas públicas de paz.

Todas las comunidades afectadas por el conflicto, especialmente las que han sufrido, deben ser escuchadas, y sus propuestas deben ser consideradas. La Comisión de la Verdad y la Justicia, que las organizaciones de la sociedad civil democrática llevan años exigiendo, debe establecerse en el Parlamento y comenzar a trabajar sin demora. En particular, debe esclarecerse el destino de aproximadamente 17.000 desapariciones forzosas y asesinatos políticos sin resolver, especialmente durante la década de 1990. Debe identificarse a los autores, los restos de los desaparecidos y desaparecidas deben ser devueltos a sus familias y los responsables deben rendir cuentas ante la ley.

Por esta razón, deben cesar las prácticas represivas y autoritarias, debe levantarse la opresión de las comunidades minorizadas y deben implementarse todas las reformas legales necesarias para permitir su libre participación en la política. Además, toda enmienda constitucional debe redactarse de modo que incluya a todas las minorías y garantice el reconocimiento de todas las identidades religiosas, lingüísticas y étnicas en Turquía”.