A pesar de la atención de la comunidad internacional a la igualdad de género y los derechos de las mujeres, la República Islámica reprime cada vez más a las activistas. Ejemplos recientes incluyen activistas ambientales encarceladas por cuestionables cargos de “seguridad nacional” y las inminentes ejecuciones de mujeres kurdas, como Warishe Moradi y Pakhshan Azizi. Estos casos ponen de manifiesto una dura realidad: independientemente de la causa de una persona —ya sea labor humanitaria, activismo ambiental o protesta pacífica—, puede ser considerada criminal ante el régimen iraní.

Entre las personas atacadas se encuentra Pakhshan Azizi, trabajadora social y humanitaria kurda que se enfrenta a la ejecución. Pakhshan se licenció en Trabajo Social en la Universidad Allameh Tabataba’i de Teherán. Siendo estudiante, participó en protestas contra las ejecuciones políticas, demostrando su temprano compromiso con los derechos humanos. Una manifestación pacífica en 2009 la llevó a su primer arresto y a varios meses de detención.

Sin dejarse intimidar por los desafíos, tras presenciar la devastación causada por ISIS en Medio Oriente y la terrible situación de niños y mujeres, se trasladó primero al Kurdistán iraquí (Bashur) y luego a Rojava (Kurdistán sirio, norte de Siria). Allí, dedicó años a apoyar a refugiados y comunidades desplazadas. Su labor como trabajadora social ha sido confirmada por organizaciones de prestigio, como la Media Luna Roja Kurda y Medico International Suiza, lo que subraya su dedicación a la ayuda a mujeres y niños traumatizados por la violencia. Su labor humanitaria está bien documentada, con cartas de estas organizaciones benéficas que dan fe de su trabajo voluntario en campamentos como Newroz y Al Hol.

Sin embargo, a su regreso a Irán, Pakhshan fue arrestada en agosto de 2023, sufrió torturas y fue acusada de baghi ​​(insurrección armada contra el Estado). Las autoridades alegan que estuvo involucrada con grupos armados y participó en actividades militantes, afirmaciones que su equipo legal refuta rotundamente. Su abogado destacó el notable error del juez al considerar que participó en actividades militantes contra la República Islámica, señalando que su presencia en Rojava, ubicada lejos de la frontera iraní, imposibilita dicha participación. Los registros muestran que su única actividad en Rojava fue el trabajo social destinado a aliviar el sufrimiento causado por ISIS. A pesar de este flagrante error, el Tribunal Supremo confirmó su sentencia de muerte y su apelación fue rápidamente rechazada. Cabe destacar que, después de 15 años, Pakhshan es la primera mujer condenada a muerte por activismo político en Irán desde Shirin Alam Hooli, un precedente que subraya la grave injusticia cometida en su caso. Parece que el régimen se está vengando de las mujeres por liderar el movimiento “Mujer, Vida, Libertad” (Jin, Jiyan, Azadi).

El caso de Pakhshan ilustra crudamente la facilidad con la que se difumina la línea entre la inocencia y la criminalidad en Irán. En los últimos años, varios activistas ambientales han sido condenados a largas penas de prisión por cargos imprecisos como “espionaje” o “atentado contra la seguridad nacional”. Su verdadero “delito” parece ser generar alarma sobre la extinción de la fauna silvestre o presionar al gobierno en relación con desastres ecológicos, lo que demuestra que cualquier forma de labor civil o humanitaria puede despertar sospechas. Así, desde trabajadores sociales y estudiantes hasta ambientalistas, un destino común une a los iraníes de conciencia: para la República Islámica, casi cualquier activismo puede considerarse una amenaza que merece encarcelamiento, o algo peor.

En ningún otro ámbito es más flagrante esta contradicción que en el trato que el régimen da a las mujeres kurdas. El mundo admiró a las combatientes kurdas por su valentía en la defensa de Kobane durante 2014-2015, cuando desempeñaron un papel crucial para frenar el avance del ISIS. Celebradas en redes sociales y en la prensa internacional, estas mujeres se convirtieron en símbolos de coraje y resiliencia contra el extremismo. Sin embargo, hoy en día, algunas de estas mismas mujeres kurdas —o aquellas como Pakhshan que han ayudado a las víctimas de ISIS— están siendo criminalizadas por la República Islámica. Algunas se enfrentan ahora a la ejecución en las cárceles de Teherán, lo que pone de manifiesto la total indiferencia del régimen hacia sus sacrificios en la lucha contra el terrorismo en general.

En el marco del Día Internacional de la Mujer debemos recordar que la amenaza de ejecución se cierne sobre las mujeres que se han atrevido a alzar la bandera de la libertad, ya sea brindando ayuda humanitaria o alzando su voz en movimientos como “Mujer, Vida, Libertad”. El silencio ante tal injusticia no solo pone en peligro sus vidas, sino que también traiciona los principios mismos de justicia y dignidad humana que el 8 de marzo pretende defender. El régimen iraní continúa utilizando las ejecuciones como arma, y ​​los últimos datos revelan una escalada impactante: al menos 975 ejecuciones tuvieron lugar en 2024. Esto incluye a 31 mujeres, la cifra más alta en más de una década. Entre las personas actualmente en la mira se encuentran mujeres como Pakhshan Azizi y Warishe Moradi, cuyo único “delito” es su activismo y sus labores humanitarias. Defender sus vidas no se trata solo de justicia individual: es una postura firme a la creencia fundamental de que el activismo pacífico y la búsqueda de los derechos humanos nunca deben ser punibles.

A pesar de la severa represión, el pueblo iraní ha expresado persistentemente su oposición a la violencia estatal, a menudo con gran riesgo personal. Protestas como la campaña “No a las ejecuciones de los martes”, en la que han participado presos de 35 centros de detención desde principios de 2024, y las huelgas generalizadas en Kurdistán contra las condenas a muerte, demuestran su firme resistencia. Ahora, la comunidad internacional debe actuar. Un paso es apoyar iniciativas como la campaña “Acabemos con el apartheid de género”, que busca el reconocimiento formal del apartheid de género como un delito de derecho internacional y busca que los gobiernos rindan cuentas por la discriminación institucionalizada contra las mujeres. Quienes han celebrado la valentía de las mujeres kurdas deben ir más allá de los gestos simbólicos y exigir el fin de estas atrocidades, a la vez que presionan activamente para que se rindan cuentas. No podemos permitir que las ejecuciones sancionadas por el Estado silencien a quienes luchan por la libertad: hacerlo traicionaría los ideales mismos del Día Internacional de la Mujer.

FUENTE: Soran Mansournia (Doctor en Geopolítica Urbana y Ciencias Espaciales por la Universidad de Groningen, Países Bajos) – Abbas Alizadeh (Doctor por la Universidad de Otago) / Medya News / Traducción y edición: Kurdistán América Latina