El Estado turco y sus aliados continúan sus ataques de ocupación en el Norte y el Este de Siria, específicamente contra civiles y zonas residenciales. Ciudades como Afrin (Efrîn), Girê Spî y Serêkaniyê han sufrido cambios demográficos sistemáticos, desplazamientos forzados, saqueos y graves violaciones de los derechos humanos desde su ocupación.
Desde el comienzo de la invasión, cientos de civiles han sido asesinados y miles han sido desplazados, convirtiéndose en refugiados. Los kurdos, árabes, sirios y otras comunidades que viven en la región sufren una intensa represión, mientras que las prácticas ilegales impuestas por las fuerzas de ocupación se profundizan cada día que pasa. Los casos de secuestro, violación y ejecuciones de mujeres están aumentando, y se están saqueando lugares que forman parte del patrimonio histórico y cultural. Mientras la comunidad internacional permanece en silencio ante estos crímenes, la población de la región continúa su resistencia.
El Estado turco y sus mercenarios del autodenominado Ejército Nacional Sirio (SNA, por sus siglas en inglés) han atacado numerosas áreas bajo la Administración Autónoma, buscando el control total de la región después del colapso del régimen de Assad. Estos ataques han causado la muerte de decenas de civiles, incluidos periodistas kurdos, y han causado cuantiosos daños a la infraestructura y a los servicios esenciales. Con estos ataques de ocupación, el Estado turco pretende desestabilizar la región, obligar a la población a desplazarse y ampliar su ocupación. Sin embargo, la población de la región sigue resistiéndose a estos ataques, como se ve en su firme defensa de la presa de Tishrin.
Desde ANF hemos hablado con el abogado Jan Fermon, experto en derecho penal, derecho humanitario y derecho internacional del Colegio de Abogados de Bruselas, para analizar las implicaciones que tienen para el derecho internacional los crímenes cometidos por el Estado turco en el Norte y el Este de Siria y en los territorios ocupados.
Crímenes sistemáticos
El abogado Fermon ha afirmado que el Estado turco ha cometido tres tipos de crímenes internacionales en el Norte y el Este de Siria: “El primero es el crimen de agresión. Los ataques del Estado turco constituyen una operación militar contra un país soberano. En estas circunstancias, ningún Estado tiene derecho a utilizar la fuerza contra otro. El crimen de agresión permite todos los demás crímenes y les sirve de base.
El segundo son los crímenes contra la humanidad. Estos crímenes se están cometiendo a gran escala y de manera sistemática, y encajan en la definición de crímenes contra la humanidad. En particular, se están produciendo desplazamientos forzados para sustituir a la población kurda por una población árabe.
Por último, se están cometiendo crímenes de guerra. Sin embargo, no se trata de incidentes aislados, sino de crímenes de guerra sistemáticos. Hay campañas de crímenes de guerra específicamente diseñadas y ejecutadas para obligar a la población a desplazarse. Crímenes como la violación en las cárceles y el bombardeo de civiles e infraestructuras civiles comparten el objetivo común de desarraigar a la población. Por lo tanto, estos crímenes están interconectados”.
El abogado Fermon ha declarado que el gobierno turco y sus representantes son directamente responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la región: “Estos crímenes no son acciones individuales llevadas a cabo por un solo soldado. De hecho, son parte de una serie organizada y sistemática de delitos, y tales campañas delictivas solo pueden originarse en la cadena de mando. Estos ataques no son simples ataques con drones llevados a cabo a discreción de soldados individuales. Un soldado no puede decidir solo lanzar un dron para atacar un objetivo civil. Estos ataques son meticulosamente planificados por los oficiales militares de más alto rango. Por lo tanto, los generales que lideran estos ataques y las altas autoridades políticas que otorgan a los militares la autoridad para actuar de esta manera son responsables”.
Una sentencia crucial
El abogado Fermon, que ejerció como fiscal en el Tribunal Popular de Rojava organizado por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) el 5 y 6 de febrero en Bruselas, ha subrayado la importancia de las sentencias finales de este tribunal: “El tribunal emitirá un veredicto y espero que reconozca que las pruebas que presentamos constituyen efectivamente crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión. Esta sentencia debe convertirse en una herramienta para presionar a nuestros gobiernos a que tomen medidas contra Turquía. El aspecto más crucial es que las decisiones que tome este tribunal legitimarán la lucha que estamos llevando a cabo. Los jueces que emiten estas sentencias son profesionales del derecho que han dedicado sus vidas al sistema judicial, lo que otorga a estas decisiones un peso innegable. Esto ya no es sólo una opinión; es una evaluación legal que confirma estos crímenes. Estas sentencias ejercerán presión sobre los gobiernos, obligándolos a actuar”.
La lucha, decisiva
El abogado Fermon ha subrayado que la verdadera fuerza que garantiza la protección del derecho internacional reside en la lucha de los pueblos. Concluyendo su intervención, ha dicho: “Las Naciones Unidas tienen una responsabilidad, pero como siempre digo, la ONU no tiene su propia policía. Al fin y al cabo, el derecho internacional se mantiene gracias a la lucha de los pueblos. Son los pueblos los que presionan a los gobiernos para que tomen medidas, impongan sanciones, cesen la venta de armas y rompan las relaciones diplomáticas. El mecanismo que garantiza el respeto del derecho internacional no se basa en la ONU ni en una policía internacional inexistente, sino en la voluntad y las acciones de los pueblos”.
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