Feleknas Uca y Hişyar Özsoy, co-portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores del HDP, han emitido un comunicado por escrito sobre el desmantelamiento de los ocho municipios gobernados por el HDP en mitad de la crisis del coronavirus: “Uno podría esperar que el “mal” anti-kurdo que marca el núcleo de la política turca se detuviese al menos en estos tiempos. Pero desgraciadamente, no lo hace”.

Mientras el mundo entero está ocupado tratando de encontrar las vías para combatir el coronavirus, han dicho los dos ejecutivos del HDP, “el gobierno turco usa el clima de la pandemia como una oportunidad para poner en marcha las formas más malignas de represión contra las instituciones democráticas kurdas, concretamente sus municipios, haciendo todavía más complicado para los kurdos combatir el coronavirus”.

El comunicado continúa: “Por supuesto, y al igual que en los casos anteriores, no hay ninguna orden judicial para estas nuevas detenciones y nombramientos de fideicomisarios. Los cargos presentados contra nuestros alcaldes, tampoco son sorprendentes –“apoyo al terrorismo”. Consideramos que el “fideicomiso” que se les impone por la fuerza a los kurdos representa el carácter mismo del gobierno político turco en las provincias kurdas bajo el nuevo sistema presidencial: un caso claro de colonialismo interno para aterrorizarlos y socavar su voluntad política”.

Y añade: “Por lo tanto, además de contra el coronavirus, estamos luchando simultáneamente contra otro virus: el del autoritarismo racista contra los kurdos y su voluntad democrática. Este virus del autoritarismo racista es también un grave problema de salud pública y estamos comprometidos a sobrevivirlos a ambos”.

Los dos ejecutivos del HDP han expresado “las más profundas condolencias por las víctimas del coronavirus y nuestra simpatía y solidaridad con los trabajadores de la salud que luchan incansablemente contra el virus en todo el mundo”. También hicieron un llamamiento a la comunidad internacional, el Secretario General del Consejo de Europa, el Congreso de las Autoridades Locales y Regionales y el Comité de las Regiones de la UE en particular, para que “levanten su voz y tomen medidas urgentes contra estas políticas ilegales y racistas del gobierno de Turquía, cuya desvergüenza parece no tener límites y se revela en sus ataques contra los kurdos incluso durante una pandemia mundial fatal”.

Antecedentes

El pasado 23 de marzo, la policía turca llevó a cabo redadas en numerosos municipios y casas del HDP en varias localidades kurdas, deteniendo a numerosos alcaldes electos y sustituyéndolos ilegalmente por funcionarios designados por el gobierno turco, conocidos como “fideicomisarios”.

Los nuevos municipios gobernados por el HDP secuestrados son los siguientes: Batman (la ciudad central de la provincia de Batman), Silvan, Ergani, Lice y Eğil (cuatro distritos de Diyarbakir), Güroymak (distrito de Bitlis), Gökçebağ (ciudad in Siirt), y Halfeli (ciudad in Iğdır).

Incluyendo estos nuevos casos, el gobierno turco ha nombrado oficialmente a 32 fideicomisarios para un total de 32 municipios gestionados por el HDP desde las elecciones municipales del 31 de marzo de 2019. Esta cifra excluye a los 6 co-alcaldes del HDP que ganaron las elecciones pero a quienes se les negaron sus certificados de elección con la excusa de que previamente habían sido despedidos de sus puestos de trabajo por decretos durante el estado de emergencia.

Además de las detenciones actuales, 21 co-alcaldes kurdos elegidos el 31 de marzo de 2019 siguen en prisión. Más recientemente, el 9 de marzo de 2020, el Dr. Selcuk Mizrakli, co-alcalde del municipio metropolitano de Diyarbakir, fue condenado a 9 años, 4 meses y 15 días con el típico cargo de “pertenencia a una organización terrorista” tras un juicio superacelerado por el gobierno.