Abdullah Öcalan, sigue encerrado en aislamiento en la isla-prisión de Imralı. En las cárceles de Turquía y de Bakur, los presos políticos suman 169 días de huelga de hambre alterna exigiendo el fin del aislamiento de Öcalan y de la violación de los derechos en las pisiones.

La abogada Cemile Turhallı ha hablado con ANF sobre los años de aislamiento en los que se ha mantenido a Öcalan, su incompatibilidad con el derecho turco e internacional y la huelga de hambre que se está llevando actualmente a cabo.

“Hay más restricciones para los presos condenados que para los presos en prisión preventiva, pero también para ellos la legislación penitenciaria permite una vez al día que los abogados visiten a sus clientes y una vez a la semana que lo hagan los familiares. En vista de que el Tribunal Constitucional ha constatado la violación de los derechos del Sr. Öcalan, nos encontramos ante una práctica del Estado turco que contradice no sólo su propia Constitución y otras leyes internas, sino también los tratados internacionales que ha firmado. Además, también va en contra de su propio Tribunal Constitucional, que estimó un recurso de inconstitucionalidad en este caso”, ha declarado Turhallı.

Hablando de la aprobación del aislamiento por parte del Ministerio de Justicia, la abogada ha continuado: “Vemos aquí cómo un organismo gubernamental toma decisiones y se posiciona en contra de sus propias leyes y sentencias judiciales. La práctica oficial también está en contradicción con las leyes antidiscriminatorias. De hecho, las leyes deberían ser iguales para todos. Cualquier ley que no se aplique por igual a todo el mundo supone discriminación.

Por otro lado, el Sr. Abdullah Öcalan trabaja constantemente para encontrar una solución a la cuestión kurda no por medios militares, sino por medio de la paz y el diálogo entre todas las partes. Durante el período conocido como ‘proceso de paz’, las soluciones propuestas también fueron asumidas y discutidas por el gobierno. Esto, sin embargo, puso muy nerviosos a ciertos círculos que prefieren la guerra. Ahora vemos que, de hecho, el gobierno actúa en alianza con estos círculos”.

‘Turquía no cumple con sus obligaciones como miembro del Consejo de Europa’

Según Turhallı, no sólo se viola la legislación turca a causa del aislamiento: tampoco se cumple el derecho internacional ni las obligaciones establecidas en los tratados internacionales. “El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) es un organismo extrajudicial creado en 1987. Sus decisiones deben considerarse recomendaciones. De acuerdo con su convenio de base, el CPT también puede reunirse con personas cuya libertad ha sido restringida como resultado de medidas estatales durante las visitas a sus Estados miembros para investigar abusos.

Después de cada visita, el CPT elabora un informe basado en sus conclusiones y sugerencias, que se publica previa aprobación del país miembro respectivo. Como miembro del Consejo de Europa, Turquía ha reconocido de hecho que las decisiones publicadas son vinculantes. Sin embargo, también en este caso vemos que Turquía incumple sus obligaciones en materia de derechos fundamentales como miembro del Consejo de Europa.

‘Si Turquía aplicara sus propias leyes, estas violaciones legales terminarían’

La prohibición de la tortura y los malos tratos es uno de los derechos humanos que no permite ninguna digresión. En su informe, el CPT pide que se ponga fin a esta práctica y que haya más seguridad jurídica contra ella. Es importante saber que el CPT publica conclusiones y sugerencias, y no decisiones. Por eso no hay sanciones internacionales contra los Estados que no han aplicado estas propuestas y han seguido violando la ley. Pero si Turquía aplicara sus propias leyes y jurisprudencia en igualdad de condiciones, estas violaciones legales terminarían.

‘El aislamiento es una violación de la prohibición de la tortura’

El aislamiento debe considerarse como un abuso y constituye una violación de la prohibición de la tortura. Si se niega a un preso la posibilidad de ver a su abogado, esto representa una grave violación legal. La aplicación de la ley garantizada por la Constitución se impone a todas las autoridades. No hay que olvidar que si las autoridades cumplieran con este deber, también se crearía una nueva oportunidad para volver a las ideas y a la priorización de la paz planteada en el proceso de paz por el Sr. Abdullah Öcalan. La huelga de hambre de los presos políticos es una expresión enviada a las autoridades.

Los presos han adoptado una postura política al declararse en huelga de hambre. Esta crisis puede superarse centrándose en la ilegitimidad de las condiciones que han llevado a esta acción psicológica y físicamente peligrosa. La exigencia en este caso es que Turquía aplique su propio derecho constitucional y sus leyes internas sin discriminación por motivos de opiniones políticas o de identidad”.