Según cifras oficiales, más de 50.000 personas perdieron la vida en los dos terremotos ocurridos en febrero en la región fronteriza entre Turquía y Siria, en el norte del Kurdistán y Turquía. Es probable que las cifras reales sean mucho más elevadas. Lo que se sabe de cierto, es que muchas estas personas murieron debido a la criminal política de construcción que legalizó edificios que corrían peligro de derrumbarse ante estas situaciones.

El abogado Mehmet Kaya, del Colegio de Abogados de Diyarbakir, ha hablado con ANF sobre las acusaciones contra contratistas de la construcción y el proceso que se está llevando a cabo contra ellos. Ha dicho que hay dos artículos principales en este tipo de cargos: delitos contra la vida y la integridad física, y delitos contra las normas de construcción.

El apartado relativo a la ley de edificación establece: "Se castigará con penas de prisión de uno a cinco años a todo aquel que construya o haga construir un edificio sin permiso de construcción o violando dicho permiso". Kaya ha subrayado que son culpables de este cargo los contratistas que construyen edificios sin permiso municipal de edificación o violándolo, y también los funcionarios que intervienen en las fases de inspección, control, firma y concesión de permisos de tales proyectos.

Se trata de intencionalidad, no de negligencia.

Kaya afirmó que las muertes tras el terremoto se consideran delitos contra la vida y la integridad física, pero explicó: "¿Cuáles son las respuestas legales a los muertos y heridos? Eso es lo primero que hay que discutir. Los procedimientos que se han seguido hasta ahora tras el terremoto se refieren a negligencia simple y negligencia dolosa. En el caso de negligencia simple, la persona no actuó con la diligencia debida en relación con las consecuencias y debería haber previsto lo que ocurriría. En el caso de la negligencia dolosa, la persona espera que las consecuencias previstas no se produzcan debido a la situación o a la suerte, por lo que acepta las consecuencias indirectamente. En cambio, en la intención probable, la persona ha previsto el resultado, es consciente del posible resultado y acepta el resultado de su acción, simplemente porque no le importa lo que ocurra. Esto es intención. Y lo que ocurrió aquí se inscribe precisamente en ese marco".

Kaya señaló que los criterios de negligencia e intencionalidad marcan una diferencia significativa a la hora de dictar sentencia. Si un delito ha sido calificado de negligente, los autores serán condenados en virtud del artículo 85 del Código Penal turco: "Quien por negligencia cause la muerte de una persona será castigado con pena de prisión de entre dos y seis años. Si el acto provoca la muerte de varias personas o las lesiones de una o más personas junto con la muerte de una o más personas, la persona será castigada con penas de prisión de dos a quince años. Quienes se demuestre que han cometido un delito con ‘dolo probable’ serán condenados a cadena perpetua en virtud del artículo 81 por ‘homicidio premeditado’. Así debe ser".

Con una dura lucha legal, las condenas son posibles.

Kaya advirtió que, incluso después del terremoto de 1999, no se castigó realmente a los culpables porque no se crearon las bases adecuadas para los juicios. Por ello, hoy es necesaria una fuerte batalla legal: "Los delitos cometidos durante el terremoto del 17 de agosto de 1999 fueron castigados por la justicia como lesiones corporales negligentes y muerte. Por lo tanto, la mayoría de los casos ya habían prescrito. Aunque se dictaron sentencias en unos pocos casos, los cambios en las leyes penitenciarias y la reducción de las penas hicieron que los autores pudieran volver rápidamente a sus vidas. La sociedad no pudo reunir una voluntad fuerte y colectiva de lucha legal durante este periodo. Se celebraron algunos juicios amañados para acallar las denuncias que se presentaban de vez en cuando. Los recientes terremotos exigirán miles de investigaciones y procesos penales para que la justicia aplique plenamente la ley.

Pero el gobierno en particular no querrá permitir que estas investigaciones se lleven a cabo adecuadamente y presionará al poder judicial para que evite procesar a sus propios burócratas, alcaldes e incluso contratistas. Al final, puede que se detenga o multe a unos pocos individuos para acallar las protestas de la sociedad. Para evitarlo, la sociedad debe mostrar determinación".